Con 47 votos, el pleno de la Cámara de Diputados destituyó este martes al intendente Miguel Prieto de la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este, tras constatarse graves irregularidades. El pedido de destitución, con dictamen a favor en mayoría de la Comisión Especial de Intervención, fue analizado por el pleno, a partir de un informe de fiscalización de 212 páginas, concluido el 13 de agosto.

Tras un largo debate en la sesión extraordinaria que se realizó en la fecha, el plenario llevó adelante el proceso de votación nominal, la cual arrojó que un total de 47 legisladores votaron a favor de la destitución del cuestionado intendente esteño. En tanto, que 30 votaron en contra, mientras que se registró un total de 3 ausentes. Con lo cual desde la fecha Miguel Prieto dejó de ser intendente de Ciudad del Este.

Al inicio de la sesión extraordinaria, no prosperó el intento de la oposición de evitar llevar adelante el tratamiento del pedido de la destitución. El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken solicitó la postergación del debate, sin embargo, una mayoría de votos decidió que prosiga el estudio de los dictámenes.

Con la decisión del pleno se dio continuidad a la sesión y el presidente de la Comisión Especial de Intervención, el diputado Alejandro Aguilera, expuso sobre el informe final del interventor Ramón Ramírez, entregado el pasado 14 de agosto a la Cámara Baja. El legislador detalló sobre las irregularidades señaladas en una auditoría de la Contraloría General de la República en la administración de Prieto, afirmando que son irrefutables.

“Esta comisión evaluó íntegramente la intervención, junto con el informe final remitido, los cuales reflejan los hallazgos que demuestran que la administración municipal de Ciudad del Este, en el período investigado, no ha actuado en el marco de la ley, y ha afectado gravemente los intereses municipales”, sostuvo el diputado Alejando Aguilera en la exposición del dictamen mayoritario de la comisión especial.

Aguilera citó todos los hechos irregulares detectados, desde las cajas paralelas, la falta de documentaciones, el mal manejo de combustibles y destino de fondos para organizaciones sin fines de lucro. Sostuvo que “esta situación nos lleva a sostener de una manera enfática que, los datos matan relatos, y la confianza de la ciudadanía se ha visto gravemente afectada por un patrón de conducta que vulnera los principios de legalidad, eficiencia y transparencia”.

Finalmente, manifestó que “la gravedad de los hechos, las reiteradas violaciones legales y el daño al erario público, es necesario tomar una determinación ejemplar y la postura asumida no debe ser solo una medida política, sino una exigencia de la justicia y la decencia pública”.