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La Cámara de Diputados protagonizó una sesión clave que puso al Gobierno de Javier Milei frente a una agenda de fuerte impacto social y fiscal.
A las 15.59, la oposición alcanzó los votos necesarios para revertir el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. Ratificó la norma y la giró nuevamente al Senado, donde se debatirá si finalmente se convierte en ley.
La iniciativa establece un aumento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo se ubicaría entre 0,22% y 0,42% del PBI.
La opinión de Héctor Proeza sobre la Ley de Discapacidad
En diálogo con Canal Doce, el subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proeza, analizó la decisión. En principio, señaló que le parecía “asombroso que se tenga que estar tratando, digamos, derechos conquistados o derechos ya ganados”. Sin embargo, admitió que “sí trae alivio y tranquilidad”.
El funcionario explicó que en Misiones existen poco más de mil inscriptos en el sistema de prestaciones para discapacidad. “Nosotros tenemos cincuenta y nueve mil afiliados, al incluir salud, más o menos mil reciben módulos que tienen que ver con discapacidad”, detalló.
Entre los beneficiarios, precisó que alrededor de cien pacientes jóvenes asisten a rehabilitación, mientras que otros 900 realizan traslados a módulos escolares. El subsecretario aclaró que las prestaciones se financiaban con fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Sin embargo, advirtió que los pagos quedaron congelados en los valores de 2023. “Y por supuesto que son prestaciones que están a valores de 2023, o sea, están congeladas desde ese año”, comentó. Esa situación redujo el presupuesto disponible y afectó de manera negativa al sistema de salud en la provincia.
“Algunos centros ya no podían sostenerse, tampoco se podían sostener los viajes, o sea, los chicos disminuían los tiempos y el viaje a rehabilitación”, describió.
El subsecretario agregó que varios pacientes no pudieron recibir el alta por la falta de recursos. Consultado sobre el costo de cada paciente para el Estado nacional, evitó precisar cifras. “No sabrían cuantificarse porque es un pago que ellos lo hacen directamente al prestador, digamos, al prestador de transporte y al prestador de los centros de rehabilitación. Hay nueve centros conveniados”, explicó.
También detalló cómo fiscaliza el Ministerio de Salud el uso de las asignaciones. “Fiscalizamos, que esos pacientes sean afiliados al Incluir, que tengan la indicación de estar en ese centro y de que ese centro le brinde la atención que dice en el menú de prestaciones”, remarcó.
Finalmente, Proeza subrayó que en Misiones se trata de un universo aproximado de 1100 personas. En ese contexto, cuestionó que la declaración de emergencia en discapacidad pueda generar un desequilibrio fiscal significativo. Recordó que la norma busca sostener la atención de sectores vulnerables y evitar la parálisis de centros de rehabilitación y traslados escolares.
El Senado será ahora el escenario decisivo. Allí se definirá si la emergencia en discapacidad se transforma en ley y si las prestaciones recuperan la actualización automática por inflación. La discusión combinará argumentos sobre la sostenibilidad fiscal y la urgencia social que plantearon los sectores vinculados a la salud y a la discapacidad.
