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El Gobierno enfrentó una crisis interna a raíz de un episodio que agitó al área de Discapacidad. Al final de una jornada completa en silencio, Javier Milei desplazó al titular del área, Diego Spagnuolo, un abogado amigo suyo que quedó en el ojo público luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que el funcionario alude al presunto cobro de sobornos en su agencia.
En esas grabaciones, que fueron editadas y difundidas por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval -y cuyo origen se desconoce-, se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Agencia de Discapacidad (Andis), se hace referencia a una droguería que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios se menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.
Bajo un fuerte hermetismo oficial, el Gobierno vivió una jornada negra y con fuerte ruido interno. Mientras la Casa Rosada definía qué hacer con el escándalo en Andis, en Diputados, el peronismo y otros bloques críticos lograron sentar a dos tercios de los legisladores, revertir el veto de Milei e insistir con la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Durante la sesión, la oposición apuntó contra Spagnuolo y pidió explicaciones por los presuntos audios.
Con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Spagnuolo renunciaría a su cargo, una decisión que se dilató en medio de un fuerte revuelo interno. A la medianoche, finalmente el Gobierno anunció que Milei desplazará a Spagnuolo de manera “preventiva”. Y que el ministro de Salud, Mario Lugones, designará a un interventor en la Andis.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 599/2025 en donde, además, fue removido de su cargo Daniel María Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Consultado por LA NACION, Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Los portavoces oficiales optaban por no responder si las grabaciones eran verídicas o no. Tampoco las desmentían.
El tema agitó fuertemente las aguas puertas adentro del Gobierno, según corroboró LA NACION. Hubo pedidos de explicaciones a Spagnuolo que, como primera reacción, dijo que no recordaba haber tenido una conversación como la que se difundió (y que parece grabada a escondidas en un ámbito público, como un restaurante). Se desconoce si hay más material de audio o fílmico y quién hizo esas grabaciones y las filtró.
Entrada la noche, el Gobierno primero le reclamó a Spagnuolo que presente su renuncia y luego procedió a echarlo.
En el Congreso, Leandro Santoro (UP) pidió explicaciones y también Christian Castillo (FIT) y Pablo Juliano (Democracia por Siempre) hicieron referencia al presunto escándalo. Además, el abogado Gregorio Dalbón, muy cercano a Cristina Kirchner, radicó una denuncia en Comodoro Py que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello para que los audios sean investigados.
Momento de sensibilidad
La discusión se da en un momento de extrema sensibilidad en el área de la Discapacidad y en la órbita de Salud en general. En Diputados, el oficialismo estuvo lejos de frenar la embestida opositora para salvar la ley de emergencia en Discapacidad: inclusive dos diputados de La Libertad Avanza (LLA) como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro votaron en contra del veto presidencial. También colaboraron con la oposición Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, legisladores que ganaron sus bancas como parte de la boleta de LLA en 2023 y que luego se pelearon con Martín Menem y conformaron su propio bloque.
Con la crisis que se agrava mes a mes en el sector de la discapacidad por la desactualización de los aranceles para los prestadores del sistema, el Gobierno hoy hizo un gesto anticipatorio para tratar de retomar la iniciativa antes del revés legislativo y del papelón por los audios. Publicó un tuit oficial en el que anunció que el Poder Ejecutivo “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Tal como publicó LA NACION, no sería una medida inmediata: el Gobierno admiten que no reasignarán partidas si antes no se verifica un ahorro mediante la suspensión de pensiones por invalidez presuntamente mal otorgadas, un proceso que arrancó en marzo y que viene más lento de lo esperado.
Quien estaba a cargo de esa auditoría sobre las pensiones por invalidez es, justamente, la Andis, el área que quedó bajo la lupa por los presuntos audios atribuidos a Spagnuolo. El exfuncionario es un abogado sin antecedentes en el mundo de la discapacidad que en el pasado patrocinó a Javier Milei en expedientes del fuero civil y fue designado en su cargo -que administra una caja importantísima- por la confianza que tenía con el Presidente. De acuerdo a los registros oficiales, es una de las personas con más ingresos a la quinta de Olivos.
En los supuestos audios, Spagnuolo apuntaría a funcionarios que están debajo suyo y que responderían políticamente a “Lule” Menem. En los corrillos gubernamentales señalan al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, como un funcionario que reportaría al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. Consultados por LA NACION, cerca de los Menem no respondieron preguntas sobre esa versión.
La Andis es un organismo descentralizado cuyo control tutelar está en manos del Ministerio de Salud, a cargo de Lugones, otro de los funcionarios que por estas horas está bajo presión por el rol que tuvo la Anmat en la trama del fentanilo contaminado. Los lotes de fentanilo con bacterias fueron elaborados el 18 de diciembre de 2024, luego de una inspección de Anmat, y salieron a la venta a fines de ese mismo mes. La Anmat recién emitió la orden formal para inhabilitar a HLB Pharma el 10 de febrero de 2025, casi dos meses después.
A diferencia de lo que ocurrió con Spagnuolo, la Casa Rosada viene defendiendo públicamente el desempeño de Lugones.
De hecho, pese a que el ministerio de Salud -a través del Laboratorio Anlis Malbrán- y el ministerio de Seguridad venían colaborando como auxiliares en la causa del fentanilo que lleva adelante el juez de La Plata, Ernesto Kreplak, la Casa Rosada decidió imprimirle a la causa un sello político y presionar al juez del caso para que detenga al empresario farmacéutico, Ariel García Furfaro.
En un comunicado oficial, la Casa Rosada amenazó con recusar al juez de La Plata por su vínculo familiar (es hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak) en caso de que no ordene la “inmediata detención” del dueño de HLB Pharma Group SA, García Furfaro, principal apuntado en el caso que finalmente fue apresado esta tarde.
En este caso, el Gobierno viene elogiando el desempeño de Lugones (“el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes”, aseguró un comunicado oficial) y defendió el accionar que tuvo la titular de la Anmat, Agustina Bisio.
El propio ministro destacó el desempeño de Bisio en la entrevista que brindó el último fin de semana al canal TN. Lugones nada dijo, en cambio, de la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) de la Anmat, Gabriela Mantecón Fumadó, la otra funcionaria bajo la mira por las actuaciones de la Anmat en el caso de HLB Pharma. El Ministerio de Salud, en tanto, separó de su cargo a Mariela García, la funcionaria al frente de la Dirección de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras de la Anmat.
La Anmat está llevando adelante un sumario interno sobre las actuaciones del propio organismo, que fue el que debió controlar la calidad y la seguridad del fármaco adulterado. (LA NACION)
