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Después de que el gobierno publicara los nombres de los 343 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que pasan a disponibilidad, los gremios que representan a los trabajadores dijeron que la resolución publicada este viernes es “incoherente y viola la división de poderes”. Advirtieron que van a recurrir a la Justicia, dado que, para ellos, el listado es “ilegal”.
Para la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) su argumentación está sostenida por el fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, que hizo lugar a una medida cautelar presentada en contra del decreto 462/2025 con el que se buscaba que el organismo técnico del agro dejara de ser un organismo descentralizado y autárquico para pasar a depender directamente de la Secretaría de Agricultura como ente “desconcentrado”. Además, ayer el Senado aprobó el rechazo al decreto con 60 votos, 9 a favor y dos abstenciones.
“El listado publicado es ilegal porque estaba [vigente] la cautelar y el rechazo del Senado. El Senado lo votó y fue contundente porque ni en el mejor escenario lo teníamos previsto. [Las del Gobierno] son reacciones sobre cuando no les gusta una resolución judicial o una resolución de otro poder como el Poder Legislativo; avanzan con bronca sobre la gente, los trabajadores», dijo Mario Romero, secretario general de Apinta.
La medida publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 1240/2025, afecta directamente a 286 del INTA, 49 del INV y 8 el Inase.
“Los compañeros de trabajo están ingresando y desarrollando tareas; hasta ahora no recibimos ninguna comunicación del interior del país diciendo que no los dejaron ingresar”, puntualizó. Según señaló, el equipo de abogados está preparando las presentaciones legales para avanzar en la Justicia, dado que también tenían un fallo a favor de la jueza Martina Isabel Forns.
“Se está planteando una presentación penal por desobediencia a la Justicia. Habrá varias presentaciones. Con este Gobierno las cosas se hacen complicadas, y viene para largo. Acá hay compañeros que se quedan sin trabajo y a algunos se les están jorobando la salud, y si le llega a pasar algo a algún trabajador del INTA que está en la lista de disponibilidad, los responsables son ellos. No es válido lo que resolvió el Ministerio de Economía sobre el INTA en estos días, es de absoluta nulidad”, dijo.
Para los asesores legales de los gremios, en el tema del INTA, todo lo que ocurrió en el marco del DNU queda sin efecto, “por más que el Ejecutivo se haya apurado a obrar en la ventana de oportunidad que ofrece la revisión. De otra manera, el Ejecutivo tendría la facultad de legislar de manera temporal, aunque en definitiva nula, con efectos perdurables”. En su opinión, la resolución publicada este viernes “es incoherente y viola la división de poderes”.
“En otras palabras, Nicolás Bronzovich [presidente del INTA] nunca tuvo la potestad real de cambiar la estructura, así como Caputo [Ministro de Economía] no tiene la potestad de pasar personal a disponibilidad», plantearon los abogados de los gremios.
Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA y una de las trabajadoras que figura en el listado, señaló que este es un cambio de escenario, luego de tener un “triunfo en la Cámara de Senadores”, después de Diputados. “Hace dos días obtuvimos un fallo favorable de la Justicia que impedía no innovar y abstenerse a ejecutar suspensiones para esa disponibilidad, despidos. La Justicia falló favorablemente; esto está por fuera de toda legalidad. No va a tener vigencia”, advirtió.
Señaló que esto estaba dentro de los escenarios posibles por suceder, dado el avance que hubo en el organismo. “Nosotros ganamos la calle, el Parlamento en su conjunto y la Justicia. Avasallaron también contra la cámara de Senadores y esto también lo saben», dijo.
Gloria Gómez, delegada de ATE en el exInase, uno de los organismos disueltos y que va a pasar a ser una Dirección dependiente de la Secretaría de Agricultura, agregó que “la alegría de los trabajadores por el reconocimiento de los senadores con votos 60 a 10, duró poco. Se encargaron de hacer un nuevo embate contra los más vulnerables, poniendo en un estado de angustia, no sólo a los trabajadores, sino a sus familias, rompiendo el sistema democrático“, sostuvo.
Según dijo, esto sucedió a pesar de que el Senado “derogó por amplia mayoría los decretos [462/2025 y 461/2025] que habilitaban la destrucción de organismos importantes, por el trabajo que desarrollan y por la vital importancia que significa para la población su existencia”.
El exInase tenía una planta de 232 trabajadores, donde ahora ocho de ellos pasaron a disponibilidad. “Entre ellos está la tesorera y un profesional de carrera que fue presidente del organismo durante el gobierno de Juntos por el Cambio (hoy está representando al organismo con el tema de semillas nativas fuera del país) y a quien trabaja en liquidación los sueldos y presupuesto desde hace más de 25 años”, contó.
LA NACION intentó obtener la versión de las autoridades del INTA por esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a la consulta.
