//
El proyecto de ley de presupuesto para el presente año, que no alcanzó a sancionarse, establecía en su primer artículo “como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Agregaba que “frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción”. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente debían “ser recortadas en la proporción necesaria a fin de reestablecer el referido equilibrio financiero”.
Esta disposición no alcanzó a tener aplicación, ya que, al no lograrse la sanción parlamentaria, quedó vigente la prorroga del presupuesto anterior, que había sido elaborado durante la gestión kirchnerista. No tenía un mandato de equilibrio fiscal. Si el Congreso hubiera aprobado el proyecto para 2025 presentado en septiembre de 2024, las decisiones y anulaciones de veto de las últimas semanas hubieran creado, por aquel artículo 1°, un mandato al Jefe de Gabinete de recortar otras partidas de gasto. La actitud de los legisladores seguramente hubiera sido distinta.
El nuevo proyecto de presupuesto para 2026 incorpora nuevamente en su inicio un mandato de equilibrio fiscal. El gasto finalmente se ajustará al resultado de los recursos tributarios efectivamente obtenidos. Comprendiendo esto, debe entenderse que lo importante en el análisis y aprobación del presupuesto son las prioridades relativas de los distintos componentes del gasto.
Los ingresos previstos en el proyecto sometido al Congreso constituyen solo una estimación, a diferencia de las partidas de gasto que tienen el carácter de una autorización. Si el gasto está atado a los recursos que realmente se obtengan y estos resultan menores a los estimados, deberá ajustarse, ¿pero dónde? Aquí se advierte la necesidad de establecer prioridades con una visión holística y no dejar que el gasto presupuestario se aplique según la fuerza y el interés de quien lo pide.
En estos intentos suele mirarse solamente el impacto popular y, con voz heroica y demagógica, se reclaman aumentos como si el dinero viniera del cielo. ¿Quién puede negar la importancia de la educación? Se pide aumentar el presupuesto universitario, pero no se dice cuál otro se disminuye. ¿Acaso se reducirían las jubilaciones? ¿No sería más justo que estudiantes de altos ingresos y extranjeros paguen un arancel?
Las provincias piden más aportes del Tesoro Nacional, alegando que no pueden mantener sus caminos destruidos. Pero no ajustan sus evidentes excesos burocráticos en plantas de personal que se han duplicado en los últimos años. El gasto público debe mirarse en su totalidad, sin dejar de analizar cuáles funciones son prescindibles y cuáles otras son prioritarias. Debe investigarse cuáles son financiables y realizables por el sector privado y cuáles exigen fondos presupuestarios.
Nuestros legisladores deberían abocarse a tratar el presupuesto de 2026 con esas pautas y dar una señal de madurez y responsabilidad que restituya una confianza que se ha debilitado con la sanción y la defensa de leyes con fines encomiables pero que han roto el equilibrio fiscal. El impacto social de la pérdida de inversiones y creación de empleo como consecuencia del aumento del riesgo país, es incomparablemente mayor. ¿Qué apoyo popular hubieran tenido estas leyes si el esfuerzo movilizador se hubiera aplicado a explicar el riesgo social del retorno a una inflación, hoy mucho más controlada?
Se advierte en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 una decisión explícita, aunque acotada, de priorizar el gasto social. El total de erogaciones se proyecta prácticamente constante en términos reales, mientras las aplicadas a la seguridad social crecerán un 5 %, las de salud un 17% y las de educación un 8%. Las universidades nacionales tienen una asignación presupuestaria de 4,79 billones de pesos, similar en términos reales a la que resultará en el año en curso.
Los supuestos macroeconómicos que a su vez determinan la proyección de los recursos fiscales, son relativamente optimistas. Se proyecta un crecimiento del PBI del 5,4% para el año en curso y un 5 % para 2026. Además, una inflación del 13,9% para 2026. Los ingresos se proyectan con un aumento real del 6%, que permitiría un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y financiero del 0,3%. En realidad, este último dato constituye el foco donde deberá girar el manejo fiscal. Como hemos visto, si los recursos resultan inferiores a los proyectados, se deberán ajustar los gastos en la misma proporción, pero nada logrará el Congreso si en el empeño para dedicar más fondos para determinados fines, destruye el precario equilibrio fiscal alcanzado. De esa forma terminaría afectando la estabilidad y el crecimiento. Finalmente, también haría imposible obtener los recursos necesarios, tanto para esos fines como para cualquier otro.
