Productores, tareferos y cooperativas pidieron este miércoles un documento que solicita una “medida cautelar innovativa que cese el estado de delito y se intime al presidente de la Nación, Javier Milei, a designar un presidente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym)”, tras lo cual, de concretarse, el organismo podría funcionar plenamente, ejerciendo sus facultades, entre ellas la de fijar valores para la materia prima.

El documento lleva la firma de Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Waldemar Schwider, presidente de la Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera, de San Pedro; Ana Cubillas, secretaria general del Sindicato Único Obreros Rurales; Hugo Sand, presidente de la Asociaciones de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná; Julio Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), de Andresito; Hugo Silva, referente de la agrupación “Tareferos Justos de Oberá”; Diego Petterson, productor de Andresito; Pedro Basilio Mulawka, productor, de Andresito; Elena Luisa Fleitas, productora de Apóstoles; Jorge Arturo Lizznienz, productor de Jardín América; Yonathan Kevin Szwarc, productor de Jardín América, y Luis Alberto Andrusyszyn, productor de Apóstoles. Será presentando ante el Juzgado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2 con el patrocinio letrado conjunto de los abogados Luciana Guadalupe Kolodziej  y Federico Padolsky.

La medida se formalizó durante un acto frente a la sede del Inym, en la ciudad de Posadas, con los productores, trabajadores rurales, cooperativistas y el respaldo del Gobierno de Misiones, a través de su ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, y Julio Petterson, subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones. Visibiliza la unión de los distintos eslabones del sector yerbatero en defensa de la Institución, que fue creada hace 22 años por estos mismos sectores tras históricas movilizaciones (tractorazos) en el marco de una profunda crisis social y económica desencadenada por políticas neoliberales implementadas por el Gobierno de la Nación.  

Los firmantes solicitan al Juez, “en su calidad de víctimas de los delitos investigados en los autos principales y en virtud de las facultades otorgadas por la ley procesal (…) que se dicte una medida cautelar denaturaleza innovativa, ordenando al Poder EjecutivoNacional, a cuyo cargo se encuentra el Presidente de la República Argentina, Sr. Javier Gerardo Milei, y demás funcionarios públicos investigados, el dictado inmediato delacto administrativo correspondientea la designación del Presidente del INYM conforme lo establecido por el Art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.564”, se lee en el documento. 

Agrega, “a los fines de hacer cesar el estado de delito permanente que en forma flagrante se encuentran cometiendo dichos funcionarios. Todo ello con carácter de urgente y preferente despacho, en base a las consideraciones fácticas y jurídicas que pasan a detallar y en virtud del enorme daño que ello está ocasionando a la Producción Primaria de Yerba Mate”.

Marco judicial 

Esta es la tercera medida judicial impulsada desde el sector yerbatero tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Milei que le quitó al Inym la facultad de fijar precios para la materia prima, registrar a productores, entre otras funciones.

En enero de 2024, la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Posadas Misiones, Adriana Fiori, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por asociaciones de yerbateros (APAM, Unión de Agricultores de Misiones, Acpyn, la Asociación Chimiray, la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay, la Casa de la Familia Yerbatera, el Centro Agrario Yerbatero Argentino y la Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur) y dispuso suspender los efectos del DNU 70/2023, que desregula la actividad, porque pone en riesgo la prestación de la obra social que atiende a productores que están registrados en Inym. Resolución que confirmó la Justicia Federal de Posadas.

En marzo de este año 2025, referentes de la Apam, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) e Impulso Yerbatero, radicaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Oberá, contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, por su inacción u omisión de designar un presidente en el Inym.

Luego de varias inhibiciones por razones de competencia, la denuncia se encuentra en etapa de investigación en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2, con domicilio en Ciudad de Buenos Aires, en los autos EXPTE 1207/2025 MILEI JAVIER S/INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO.

En esta instancia, actualmente, los productores, tareferos y cooperativistas solicitan ante dicho Juzgado que mientras se investiga el accionar de los funcionarios denunciados, se ordene al Presidente de la Nación a cumplir con la designación de un presidente del Inym. 

Fundamentos

El escrito firmado hoy evidencia supuestas ilegalidades por parte de Milei y de sus funcionarios, y graves daños al sector yerbatero tras la desregulación de la actividad, con el DNU 70/2023, y la omisión del Poder Ejecutivo Nacional.  

“Comparecemos en calidad de productores/as primarios/as de hoja verde de yerba mate y cosecheros/as de yerba mate (tareferos) afectados/as directamente por la omisión del PEN y víctimas de delitos en flagrancia presuntamente cometidos por funcionarios nacionales: usurpación de autoridad, abuso de autoridad, desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tales conductas están provocando graves daños al sector yerbatero, como se expone infra.”, se indica en el documento.

“Por medio del DNU 70/2023: Título VI – BIOECONOMÍA, Capítulo I – Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley N° 25.564),  el presidente Milei procedió con ilegalidad manifiesta a modificar una Ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina, sin ningún tipo de necesidad o urgencia que pueda alegar para justificar su acto administrativo”. Esta medida, agrega, “es una nueva regulación en beneficio de los balances del ‘oligopolio yerbatero’ compuesto por un puñado de ‘empresas integradas’  que concentran en forma ostensible el negocio desde el cultivo de hoja verde, pasando por la industrialización/molienda y la comercialización del producto terminado, y que pretenden imponer su modelo de ‘agro negocio’, incluyendo su paquete tecnológico”.

Con dicho decreto, continúa, “los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional han ejercido funciones correspondientes a otro cargo, creado una nueva legislación mediante el dictado de una resolución contraria a la Constitución Nacional y la Ley Nacional Nº25.564”. Esto implica, asegura, una “conducta de usurpación y abuso de autoridad desplegadas por dichos funcionarios con la finalidad de cambiar las reglas de juego en una economía regional que se encontraba en ascenso”.

El escrito recuerda que, tras el fallo de la jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial de Posadas Misiones, Adriana Fiori, que hizo lugar a un recurso de amparo presentado por asociaciones de yerbateros, “el INYM goza de plena vigencia jurídica conforme texto original de la Ley N 25564”. Y que, ante ello, Milei y otros funcionarios del PEN, al no designar presidente para el organismo, “se encuentran presuntamente incumpliendo una sentencia judicial, conducta que por sí misma constituiría el delito de desobediencia previsto en el art.239 del CPA”.

En esa línea, se explica que “la omisión del dictado del acto administrativo por parte del PEN, ocasionó un ‘vacío’ institucional del INYM, que fue aprovechado por el oligopolio yerbatero para imponer mediante el derrumbe del precio de la materia prima, una brutal transferencia de riquezas del sector de la producción (y especialmente de la agricultura familiar) hacia el complejo ‘yerbatero industrial’, el que se ha enriquecido ilícitamente (sin justa causa) a costa del despojo del trabajo de miles de familias agrarias (agricultores y tareferos)”.

Al expresar el daño provocado al sector primario en número, el escrito refiere que “durante la cosecha gruesa del año 2024 (abril/septiembre de 2024) el ‘sector industrial’ fijó unilateralmente los precios de la materia prima, los que se derrumbaron (situación que va empeorando durante el 2025), llegando a $180 por kilo de hoja verde puesta en secadero. Es decir, casi $200 menos de los $370 que regía en diciembre del 2023, ello a pesar del gran salto inflacionario que tuvo la economía argentina durante dichos meses en combustibles y demás insumos, además de la canasta de alimentos de las familias argentinas”.

Así, continúa, “si tomamos como base el 71% de la hoja verde es ofertada por los productores primarios con superficies menores a 100 has de cultivo, en el año 2024 con una cosecha que rondó los 986,7 millones de kilogramos, este sector aportó 700.557.000 kg, los que multiplicados por esos $200 que perdieron (números gruesos) en relación a diciembre del 2023, dejaron de percibir alrededor de $140.111.400.000 lo que importa una transferencia fenomenal de riqueza desde el 99% del sector primario a favor del oligopolio terrateniente-industrial- comercial yerbatero, generando un cuadro de situación de ingresos de indigencia en los 12.000 pequeños productores familiares y en los 15.000 cosecheros de yerba mate (tareferos)”.

El escenario descripto, advierte, “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de ‘la chacra’ misionera. Ello conforme lo experiencia histórica, redunda en la pérdida de las unidades económicas en poder de las familias agrarias a manos de los distintos ‘agronegocios’ de la Provincia de Misiones, ocasionando un nuevo proceso de destrucción de empleo y concentración de tierras en cada vez menos manos”.

También, destaca, se afecta la calidad del producto Yerba Mate Argentina.

Además, expresa, el daño generado por la omisión del Poder Ejecutivo Nacional “adquiere una dimensión social, alimentaria, constitucional y de derechos humanos (…) : ocasionando un daño personal infligido a las ‘personas’ que componen la “familia agraria” y su proyecto de vida, mediante la enajenación forzada del fruto de su trabajo, con el consecuente daño moral y psicológico”.

Vinculado, se señala: “El derrumbe de precios (de $370/kg en diciembre de 2023 a $180/kg en 2024) no solo significó una pérdida de $140.111.400.000 para la producción primaria, sino también la imposibilidad de cubrir la canasta básica alimentaria, el acceso a la salud y la continuidad educativa de los hijos e hijas de los productores, generando un círculo de pobreza estructural”. También, que “al privar a las familias de los productores y tareferos de un ingreso digno, el PEN las coloca en situación de inseguridad alimentaria crónica, comprometiendo su derecho a una vida digna”.

Al mismo tiempo, se hace saber que “la expulsión de productores familiares del mercado no solo empobrece económicamente, sino que destruye tejido social y comunitario, generando migraciones forzadas hacia áreas urbanas y mayor precarización laboral”, y que “el PEN, al concentrar en sí facultades legislativas y regulatorias, quebranta además el principio republicano de división de poderes”.