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El Partido de Cacho Bárbaro entró en pánico tras trascender un dato que sería muy grave institucionalmente. Cuando aún no se apagaron los ecos del escándalo que provocó el descubrimiento que una diputada provincial de su espacio y otra vinculada familiarmente con el Intendente de Colonia Aurora, legisladora electa para más datos, fueron beneficiarias de Pensiones No Contributivas por Invalidez, la Agencia Nacional de Discapacidad (la intervenida ANDIS) maneja la información que serían muchos más los beneficiarios que pertenecen al Partido Agrario y Social. No dos ni tres, sino más de 60 candidatos que se presentaron en las dos últimas elecciones, del 2023 y de junio de 2025.
Esta nómina incluye a «discapacitados» que se postularon a cargos públicos en diferentes municipios y en distintas categorías. En el turno electoral de 2023 se presentaron en listas de ocho municipios con el propósito de ocupar un lugar en el Concejo Deliberante, Intendencias y Viceintendencias. La voluntad popular impidió que tuvieran éxito.
En tanto, en las elecciones legislativas provinciales del domingo 8 de junio también hubo postulaciones de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad. 13 integraron listas en los municipios de San Vicente, Aristóbulo del Valle y El Soberbio. Tampoco tuvieron el suficiente acompañamiento en las urnas para alcanzar el objetivo.
La novedad mueve a una reflexión que debería darse en todos los niveles. Seguir cobrando un beneficio reservado a las personas más vulnerables y ocupar al mismo tiempo un cargo público entraría en franca confrontación con lo que debiera ser en un sistema republicano que se precie de tal. Sería mucho más que «viveza criolla».
