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El abogado, ex ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y ex asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Sergio Santiago, se pronunció luego de que el organismo intimara a tres clubes náuticos y a un astillero de Posadas a desalojar los terrenos sobre los que se encuentran ubicados, a pocos metros de la bahía El Brete, antes del 31 de diciembre.
Fue en una nota de opinión publicada por el diario digital Misiones Opina, donde recordó: “En Posadas, la historia de las tierras expropiadas por Yacyretá vuelve a interpelarnos. Y es necesario decirlo con claridad: la Entidad Binacional Yacyretá nunca expropió para sí misma, sino por cuenta y orden del Estado argentino, en nombre de la utilidad pública”.
Sobre lo que profundizó: “Esa diferencia no es un tecnicismo: es la clave para entender por qué hoy la privatización de sectores costeros constituye una violación del orden público y una frustración del bien común”.
El tema se apoderó de la agencia pública en los últimos días tras conocerse una carta documento que lleva la firma del abogado Julio Ricardo Skanata, jefe del Departamento de Obras Complementarias de la EBY, mediante la cual notificó la rescisión de los comodatos de 100 años que habían sido otorgados al Club Río Paraná, Club Vairuzú, Liceo Naval y el Astillero Río Libre en 2010.
Carta documento que intima el desalojo del club Vairuzú
La mirada de los clubes
Los tres clubes mencionados cuentan con modalidades similares, abocados a diversas actividades deportivas y náuticas de uso comunitario.
Tras la notificación de un posible desalojo, el director del Liceo, Capitán de Navío Martín Rodolfo Lucero, aseguró a FM Show que: “No estamos en condiciones de desalojar. La Armada Argentina, como históricamente lo ha hecho, se tendrá que sumar y acatar lo que diga la Justicia o la documentación legal que nos obligue -o bien que no nos obligue- a la medida”.
Y añadió: “Entiendo que no habrá ninguna medida fuera del ámbito judicial y legal, bajo la cual nosotros vamos a actuar. Recibidas las comunicaciones formales, si llegaran a existir, analizaremos en consecuencia y se tomarán las medidas que la Armada Argentina entienda corresponder”.
En tanto, desde la comisión directiva del Club de Canotaje Vairuzú, indicaron: “Para nosotros la decisión de la EBY de recuperar terrenos otorgados en comodato significa una gran preocupación. El club desarrolla actividades sociales, culturales y comunitarias que benefician directamente a la población y su restitución implicaría interrumpir proyectos que llevan años de trabajo”.
Por su parte, Adrián Palamarchuk, del club de canotaje Río Paraná, en comunicación con Radioactiva 100.7, señaló: “Tuvimos dos reuniones para ver qué se va a hacer con este tema; nuestra actividad es una parte importante del pilar del canotaje olímpico, ya que todos los años tenemos representante de la tierra colorada tanto en mundiales como en la Selección Argentina”.
Y agregó: “Tenemos un contrato comodato de uso del predio y obviamente tenemos ciertas pautas que respetar, los cuales el club desde el 2013 que está haciendo uso, nunca incumplimos ni uno de esos puntos. Nuestra cuestión hoy por hoy es acercándonos a la entidad y lograr un acuerdo. Según las primeras charlas quieren volver a relocalizarnos”.
La Voz de Misiones intentó comunicarse con directivos de la EBY, desde donde descartaron brindar declaraciones por el momento. Mientras tanto, los clubes evalúan medidas comunicativas, sociales y jurídicas para frenar posibles desalojos.
Legislación
La Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que la propiedad es inviolable y que solo puede ser privada por causa de utilidad pública y mediante indemnización previa.
Al mismo tiempo, la función social de la propiedad (arts. 14, 17 y 41 CN; arts. 240 y 241 CCyC) impone que los bienes expropiados se integren al proyecto colectivo y no se privaticen en beneficio de unos pocos.
“La privatización de parcelas ribereñas, sin cumplir la finalidad de recomposición urbana o acceso público, constituye una violación del objeto expropiatorio y del orden público constitucional.”, concluye Santiago.
