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Se viven días de nerviosismo y tensión el despacho del tercer piso del Sindicato de los Camioneros, en San José 1781. Desde allí, Hugo Moyano digita desde hace décadas con obsesión los números del imperio que construyó alrededor del gremio. Advertido por Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo, se detectaron “inconsistencias” contables en el hotel que el gremio tiene en Mar del Plata. Circulan versiones sobre un presunto fraude y estafa que podría superar los 10 millones de dólares, aunque en la denuncia penal no se precisaron montos, según pudo saber LA NACION.
A partir del escándalo, Moyano resolvió desplazar a dos dirigentes de la comisión directiva: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos pertenecían a su círculo de máxima confianza y habrían sido los firmantes de una serie de cheques que están ahora en la mira de la Justicia. La salida de los dos directivos fue revelada el lunes por el diario Clarín. Desde entonces se desató una caza de brujas en el sindicato por la filtración de un episodio que podría involucrar al viejo líder, quien pese a sus 81 años sigue manejando el gremio con puño de acero y fina meticulosidad en las finanzas.
El escándalo por los supuestos negociados en el Hotel 15 de Diciembre derivó, además, en la expulsión del gremio del administrador del complejo, ubicado en Santa Fe 2373, en el centro de Mar del Plata, la ciudad natal de Moyano. El empleado desplazado, más allá de haber ocupado un cargo jerárquico, no habría tenido poder de decisión en la maniobra de presunta estafa y fraude, según el descargo que presentó mediante su abogado en una fiscalía marplatense.
El empleado que fue demandado penalmente por el gremio pidió mantener su identidad bajo reserva. La denuncia se realizó el 12 de septiembre pasado en la fiscalía N°10 de Mar del Plata, pero salió a la luz esta semana por la purga que activó Moyano en la cúpula de camioneros.
“Esto es para tapar otros problemas, como la interna o cuestiones económicas. No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial. De ser así, el avance de esta causa podría salpicar a Moyano, como jefe del sindicato.
Javier Moral, abogado de Camioneros, evitó responder las consultas de LA NACION sobre la causa.
Diferentes fuentes del gremio vinculan el escándalo a la disputa de poder entre Hugo Moyano y su hijo Pablo por el control del sindicato. Lo cierto es que Pablo, si bien conserva su cargo de secretario adjunto, un virtual número dos, está alejado hace casi dos años de la vida interna del gremio. Dejó de asistir a su despacho y se dedica prácticamente a tiempo completo a su cargo de presidente del Club Deportivo Camioneros, que tuvo un vertiginoso ascenso en el fútbol argentino, con tres ascensos de categoría en dos años.
El vínculo entre padre e hijo está roto. Desde que Pablo se abrió del sindicato y renunció a su cargo en el triunvirato de mando de la CGT, las diferencias políticas y familiares se acentuaron. Tanto es así, que Hugo cuestionó hace dos semanas las formas de liderar de su hijo delante de decenas de dirigentes sindicales que participaron del último Comité Confederal de la CGT. Otro hecho que reflejó la ruptura fue cuando Pablo visitó a Cristina Kirchner en San José 1111. Asistió allí con su hijo Nicolás. Cuando la expresidenta pidió saludar a Hugo, fue el nieto el que llamó por celular a su abuelo y le acercó el teléfono a Cristina, según contaron dos fuentes del entorno familiar del clan Moyano.
Desde hace tres años, Pablo Moyano fue relegado del segundo escalafón de mando de la Federación Nacional, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que su padre tiene en un puño desde 1992. Tres de sus hermanos, en cambio, fueron promovidos en cargos jerárquicos: Hugo (h.), el abogado y que es ahora candidato a diputado nacional subió a secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos; Karina como secretaria de la Mujer, y Jerónimo, el menor, como secretario de la Juventud.
Por cuenta propia, además, Pablo renunció por carta al directorio de la obra social, administrada por Iarai SA, una de las compañías de servicios médicos ideada por Liliana Esther Zulet, la esposa de su padre y mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el sindicato. Pablo Moyano responsabiliza directamente a Zulet por la crisis financiera de la obra social (Oschoca).
La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones, según las planillas a las que accedió LA NACION. Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales.
La obra social de los camioneros, administrada por Zulet, está en crisis, y se debate entre la quiebra y la convocatoria de acreedores, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $20.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones. Tal vez a partir de estos tratos se explique la pasividad de Moyano para aceptar la pauta salarial de referencia que trazó el Gobierno, con aumentos mensuales menores al 1,5 por ciento.
