Por qué decidí no votar en Argentina

En un momento de avance de los populismos y de prácticas iliberales, la confianza en la democracia y la resistencia de sus instituciones son cuestiones esenciales. Un tema que aflora de forma insistente en relación a estas cuestiones es el voto en el exterior como extensión del sufragio universal y garantía del interés social en los sistemas políticos más allá de las distancias entre los ciudadanos emigrados o transterrados, los residentes ausentes, y sus patrias de origen.

Un informe de Idea Internacional apunta a que las democracias del mundo, en aras de garantizar su resistencia y apuntalar la solidez de sus instituciones, deben replantearse la cuestión de la participación electoral favoreciendo el voto en el extranjero para facilitar su propia existencia.

Esta recomendación es más importante en el momento actual, con migraciones masivas, tanto de alcance intrarregional como transcontinental, que llevan a más de 300 millones de personas, el doble que en 1990, a vivir fuera de sus países de nacimiento.

La integración política de las diásporas y su empoderamiento no son procesos lineales. Están condicionados por la tradición nacional y por la misma naturaleza, tanto cuantitativa como cualitativa, de los procesos migratorios.

Las iniciativas para impulsar el voto en el exterior suelen responder bien a la presión ciudadana, como en Filipinas, o bien a una decisión de los gobiernos a partir de diversos cálculos, comenzando por el propio beneficio. ¿Cómo afectará el voto en el exterior los resultados totales? ¿Se incrementar el apoyo al oficialismo?

En todos los países de América Latina, salvo Cuba, existe alguna forma de voto consular o a distancia, bien para elegir al presidente o al Parlamento, o ambos. En algunos países las remesas de los emigrados se han convertido desde hace algunas décadas en un componente esencial de su economía, como en América Central donde oscilan entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto. Incluso en México, pese a su gran potencial económico han supuesto tradicionalmente entre el 3,5 y el 4% del Producto. Los numerosos ciudadanos que sostienen a sus familiares que han quedado atrás suelen considerarse con plenos poderes para ejercer uno de los derechos políticos esenciales como el derecho al voto.

El voto en el extranjero puede afectar la distribución de los cargos electos en los países de origen, especialmente allí donde hay una fuerte emigración. En ciertas ocasiones, como en las elecciones autonómicas de Galicia, puede cambiar el signo político de las mayorías parlamentarias y con ellas el del gobierno. Para atenuar su impacto se han desarrollado algunas estrategias específicas, como en Italia, en cuyo Parlamento se han restringido a ocho diputados y cuatro senadores las circunscripciones especiales habilitadas para los residentes fuera del país.

Las distintas legislaciones que permiten el voto en el exterior lo circunscriben a los ciudadanos que viven más allá de sus fronteras, aunque sin ningún tipo de limitación. Da igual si se trata de emigrantes de larga duración, o de segunda, tercera generación o más o si se dispone de doble nacionalidad. Tampoco se discrimina entre transterrados temporales y estudiantes que cursan posgrados fuera de sus países.

Es un derecho condicionado por otros factores, como evidenció el motín del té, en Boston, Massachusetts, en 1773. En aquel entonces los colonos encendieron la primera chispa de la independencia de las 13 Colonias bajo el grito de “no taxation without representation”, cuya traducción libre sería: no pagamos impuestos si no tenemos garantizada la representación en el Parlamento Británico. Se creían legitimados, pese a vivir fuera de la metrópoli, para elegir a sus representantes a partir de cumplir puntualmente con sus obligaciones fiscales, como el tributo al té.

Pese al gran valor democrático que supone que los residentes ausentes puedan votar allí donde vivan, particularmente soy partidario de aplicar la fórmula de los rebeldes de Boston invirtiendo su formulación: “No representation without taxation”, o, dicho de otro modo, si no pagás impuestos no tenés derecho a ser representado ni a ejercer el derecho al voto. Por eso, porque hace casi 50 años que vivo en España y no pago impuestos en Argentina, pese a que me interesa y mucho su política, a la que sigo muy de cerca, me inhibo de participar en sus elecciones, por más decisivas que sean.

Considero que mi voto, y el de tantas otras personas en situaciones similares a la mía, no deberían condicionar la vida cotidiana de quienes sí viven en el país, donde trabajan y pagan sus impuestos. Esto implicaría autorregularlo voluntariamente o regularlo para que se puede ejercer hasta 15 o 20 años, pongamos por caso, desde que se emigró, y condicionado al pago de las responsabilidades fiscales. De ese modo la democracia saldría más fortalecida.

Carlos Malamud es Catedrático de Historia de América de la UNED, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, España.