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En mayo 2022 y estando ya suspendida, la doctora Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta y fiscal anticorrupción de Entre Ríos, era destituida de su cargo. Llevaba sobre sus espaldas la responsabilidad de coordinar la tarea del grupo de fiscales que investigó al exgobernador Sergio Urribarri, y a varios funcionarios, por contrataciones irregulares durante su gestión. Uno de los acusados había sido amigo del esposo de Goyeneche por lo que muchos entendieron que ella debió excusarse.
Un polémico Jurado de Enjuiciamiento resolvió la destitución, por cinco votos contra dos, acusándola de haber incurrido en “conductas incompatibles con el ejercicio de su cargo y en mal desempeño de sus funciones”. La ley marcaba que el fiscal acusador debía ser miembro de la procuración entrerriana, pero, en cambio, en un irregular proceder, se nombró a un abogado ad hoc por temor a que sus pares fiscales no quisieran avanzar contra ella.
Estaba claro que era el precio que se le cobraba por haber pretendido investigar el caso de corrupción del poder más sensible de la historia de Entre Ríos. En su descargo, Goyeneche concluía que el basamento de la acusación dejó a la vista “las complicidades de la Justicia y la política con la corrupción”.
Cuando el Superior Tribunal provincial rechazó el recurso presentado por Goyeneche, ella acudió en queja al máximo tribunal de la Nación.
En junio de 2023, Eduardo Casal, procurador general interino, dictaminó a favor de Goyeneche y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresando contundentemente que hubo una “grave violación a la garantía del debido proceso”. A fines de 2025, la Corte, por unanimidad, revocó la sentencia del órgano juzgador entrerriano que había confirmado la destitución. Asimismo, declaró nulo todo lo actuado –aclarando que no implicaba adentrarse en los hechos que motivaron su juicio político- por entender que se dieron por probadas las acusaciones sin considerar lo planteado por la enjuiciada.
Dedicada este tiempo a la profesión y a la docencia universitaria, Goyeneche acaba de ser repuesta administrativamente en el Ministerio Público Fiscal por un fallo reciente del máximo tribunal. Hasta tanto se levante su suspensión, comenzará a cobrar parte de su salario. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos debe anular el jury que la destituyó y convocar a uno nuevo. Mientras tanto, Goyeneche se anotó para un concurso por una vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal.
Urribarri fue condenado en 2022 a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por el desvío de fondos públicos. Detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde noviembre 2024, en enero pasado tres vocales del Tribunal de Justicia provincial –el mismo que había rechazado el recurso de Goyeneche- dispusieron levantar la feria para tratar el reclamo de libertad ambulatoria presentado por la defensa del exgobernador al que el Ministerio Público Fiscal se había opuesto. Por considerarse que no estaba acreditado el riesgo de fuga, se revocó apresuradamente en pleno enero la prisión preventiva de Uribarri –apenas uno de más de una veintena de presos con preventiva en la provincia- y se dispuso su libertad hasta que la condena por corrupción quede firme en la Corte Suprema. Esta, respetuosa del federalismo, hizo su parte en el caso de la valiente fiscal dejando en evidencia las irregularidades en las que incurrió la justicia entrerriana. La liberación de Urribarri, dispuesta en plena feria judicial, volvió a sentar otro cuestionable precedente. Quienes hacen las cosas bien frente a los abusos de poder deben ser reconocidos y valorados. Los corruptos deben pagar por sus actos sin ningún tipo de prerrogativas. Hay que volver a poner las cosas en el lugar del que nunca debieran salirse.
