En un operativo de gran magnitud que acaparó la atención de efectivos de Gendarmería y personal de Policía Ambiental y de Ecología de Misiones, se allanó esta mañana una conocida veterinaria ubicada en pleno microcentro de Posadas, en la intersección de las calles Colón y casi Entre Ríos.

Mediante fuentes consultadas, El Territorio pudo saber que el operativo estuvo ligado a una orden judicial por parte del magistrado Juan Manuel Monte, debido a una investigación por presunto tráfico ilegal de fauna silvestre -Tanto animales autóctonos, como exóticos-.

En ese marco, Fernando Piesco -representante de la Fundación Ohana- en diálogo con El Territorio manifestó sobre los ejemplares secuestrados y sobre la asesoría técnica que tomaron a disposición del juzgado interviniente.

“En principio nos presentamos como Fundación de Rescate y Conservación de Fauna y a pedido del juez Monte, por una investigación de Gendarmería Nacional por maltrato animal, tenencia ilegal de fauna silvestre y presunto comercio ilegal”, explicó Piesco.

Sobre el procedimiento, expresó que se realizó la constatación de ejemplares que se encontraban dentro de la veterinaria: “Se pudo verificar la tenencia de animales de distintas faunas silvestres, nacionales, internacionales, y obviamente el maltrato de grado de hacinamiento y la forma de tenencia. Está todo chequeado”.

Asimismo, comentó que ante el allanamiento “los dueños del local manifestaron tener permisos de tenencia por parte del Ministerio de Ecología”, versión que el entrevistado mencionó que se pudo desestimar, porque “se pudo verificar que no hay forma de individualizar los papeles que unan ese permiso con el ejemplar”.

En esa línea, describió que aún no tenían una cantidad exacta de ejemplares, pero “son más de 100 animales”, detallando que “entre ellas, hay iguanas provenientes de Brasil, tortugas carbonarias en peligro de extinción, lagartos autóctonos, reptiles exóticos, serpientes autóctonas venenosas, monos titís pinceles”.

Por último, mencionó que todavía no recibieron ninguna orden para que los animales sean trasladados a su fundación y que esperan que el juez a cargo decida sobre el destino de los animales. Por otro lado, se investiga si este presunto tráfico de animales silvestres está vinculado con otros lugares que realizan el mismo delito.