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El juez federal Lino Mirabelli solicitó a la Cámara de Diputados permiso para allanar y secuestrar bienes del legislador de La Libertad Avanza, José Luis Espert investigado por recibir una transferencia de US$200.000 del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
El pedido judicial y el alcance de la investigación
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, elevó este martes un oficio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que autorice medidas de registro y secuestro sobre bienes del diputado José Luis Espert, quien se encuentra protegido por los fueros parlamentarios.
La solicitud judicial, presentada a través del fiscal Fernando Domínguez, se enmarca en una causa por lavado de dinero iniciada a partir de una denuncia formulada por Juan Grabois, tras detectarse una transferencia de US$200.000 enviada a Espert por el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido y en proceso de extradición a Estados Unidos.
Mirabelli no puede avanzar con allanamientos ni secuestros hasta que la Cámara baja habilite el procedimiento, según lo establecido en la Ley de Fueros (Ley 25.320), que dispone que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones sin la autorización de la respectiva Cámara”.
La decisión ahora recae sobre Menem, quien deberá definir si somete el pedido directamente al pleno de Diputados o si lo remite previamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.
El contrato hallado y las pruebas en la causa
En el marco de la misma causa, el juez Mirabelli ordenó un allanamiento en el domicilio de Viedma donde Machado cumplía arresto domiciliario, hasta que fue trasladado a un destacamento policial tras la aprobación de su extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Durante ese procedimiento, efectivos de la Policía Federal Argentina hallaron un contrato roto y parcialmente quemado, dentro de un tacho de basura, que registra un acuerdo de US$1 millón firmado entre Machado y Espert el 7 de junio de 2019, quince días antes de que el economista se presentara oficialmente como candidato a presidente.
El documento, firmado por Espert y Machado, estipulaba una asesoría económica para la firma guatemalteca Minas del Pueblo, una empresa vinculada al empresario y actualmente bajo investigación en la justicia estadounidense.
La transferencia por US$200.000, detectada por el Bank of America y agregada a la causa que se tramita en el Distrito Judicial Este de Texas, figura también en documentación oficial utilizada como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada en 2023 por narcotráfico y lavado de activos.
Según Espert, ese pago correspondía a un anticipo por trabajos de consultoría económica. Sin embargo, el contrato encontrado en el allanamiento contempla pagos por US$100.000 mensuales durante nueve meses, además de un adelanto inicial, lo que eleva el total a US$1 millón.
Implicancias institucionales y próximos pasos
El fiscal Domínguez, además de imputar a Espert, solicitó levantar el secreto fiscal y bancario del legislador para rastrear movimientos financieros y determinar el origen y destino de los fondos.
La investigación apunta a establecer si el dinero recibido provino de una estructura de lavado internacional vinculada al narcotráfico, en la que Machado habría operado a través de una red de empresas pantalla y operaciones financieras trianguladas.
La causa tiene potenciales derivaciones políticas e institucionales, dado que involucra a un diputado en ejercicio y exige la intervención del Congreso para autorizar medidas de prueba. De concretarse la autorización, sería la primera vez en el actual período legislativo que la Cámara baja habilita un procedimiento judicial de este tipo sobre un miembro de su cuerpo.
Mientras tanto, Machado, señalado por la justicia norteamericana como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, permanece detenido a la espera de su extradición definitiva a Estados Unidos, tras la resolución favorable de la Corte Suprema.
El Poder Ejecutivo Nacional ya adelantó que no se opondrá al traslado, lo que podría acelerar el envío del empresario al exterior y aportar nuevos elementos a la causa local.
