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El presidente de la Cámara Nacional Electoral, Daniel Bejas, recibió este sábado a la mañana la apelación de La Libertad Avanza, concedida por la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, donde insiste en reimprimir los 14 millones de boletas únicas para los electores bonaerenses. Sin embargo, la CNE devolvió el planteo a la Junta al entender que omitieron un paso clave: pedir la opinión de las demás fuerzas políticas. Esto retrasa aún más, la decisión.
El camarista Daniel Bejas firmó una providencia devolviendo la apelación a la Junta, integrada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan.
«El presente caso constituye una cuestión de orden público, toda vez que para su tratamiento en la instancia anterior se trabó un proceso contencioso al cual quedaron integradas -como partes- las agrupaciones políticas del distrito que participan del proceso electoral en curso, corresponde sustanciar el recurso de apelación concedido, en resguardo del principio de bilateralidad y para asegurar el derecho de defensa«, sostuvo en el escrito al que accedió Clarín.
Básicamente, el magistrado consideró que la Junta Electoral, que previo a rechazar el planteo de reimpresión de las boletas que formuló LLA, realizó una audiencia con todas las fuerzas políticas que compiten en suelo bonaerense el 26 de octubre, de igual manera debía pedir la opinión de los 15 partidos ante la apelación del Gobierno.
Como no se cumplió ese paso, la CNE le devolvió la apelación de La Libertad Avanza para que los jueces Ramos Padilla, Di Lorenzo y la magistrada Kogan, corran traslado a los apoderados de todos los partidos que comparten la boleta única.
Este trámite que no se realizó a criterio del camarista Bejas en su carácter de presidente de la CNE, retrasará aún más la decisión sobre si se podrán reimprimir las boletas para la provincia de Buenos Aires, o no. No se le podrá pedir su opinión al fiscal ante la Cámara, Ramiro González, hasta tanto la Junta concluya con todas las instancias previstas. Y recién tras la opinión del fiscal, la Cámara puede fallar.
La apelación
Los jueces Ramos Padilla, Di Lorenzo y Kogan al rechazar la reimpresión de las boletas con un costo por encima de los 12.100 millones de pesos, consideraron que más allá de la “imposibilidad material y temporal», resulta también «jurídicamente improcedente, en tanto contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional, las acordadas de la Cámara Nacional Electoral y la doctrina reiterada de ese Tribunal en materia de orden público electoral”.
A esos argumentos centrales donde, también, la Junta expuso que se conducía a un gasto del erario público no previsto, se opuso el partido libertario.
Los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño, apelaron ese fallo señalando que durante la audiencia celebrada a mitad de semana ante la Junta Electoral, «quedó demostrado a juicio de esta Alianza, que la reimpresión resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable, siempre que medie una decisión judicial urgente, ello sostenido en las sólidas garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior de la Nación durante su exposición».
Reconociendo la perentoriedad de los plazos a los que este proceso en particular se encuentra sometido, es decir: se está sólo a 15 días de las elecciones, «se notificó finalmente su fallo a las 19:28 del día siguiente, jueves 9 de octubre del corriente», se quejó LLA.
Por el contrario, la Alianza sostiene que la reimpresión de las boletas «resulta materialmente posible y jurídicamente procedente».
El Gobierno una vez más señaló que se encuentran dadas las condiciones para que se «habilite la reimpresión del instrumento electoral a fin de garantizar la expresión genuina de la voluntad popular como derecho político y electoral básico».
La Junta Electoral había sido taxativa al argumentar que el Código Electoral establece las reglas claras que deben ser respetadas por todos los espacios políticos, esto incluye los plazos para cada etapa (presentación de boletas, aprobación, impresión, control y distribución), y que alterar esas reglas a estas alturas impondría «un riesgo institucional».
Sin embargo, los apoderados de LLA explicaron que los comicios se encuentran «plenamente garantizados por la eventual disponibilidad de las boletas ya impresas frente a cualquier contingencia, corresponde a la Justicia Electoral asegurar que el derecho al voto se desarrolle en las mejores condiciones posibles de información,imparcialidad y libertad, siendo el fin último perseguido por la normativa electoral el de asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral».
