Más presión para que la justicia le saque los bienes de la corrupción a Cristina Kirchner: el fiscal Villar rechazó su pedido para demorar el trámite

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, rechazó la pretensión de Cristina Kirchner y de su ex socio comercial, Lázaro Báez, de que la ejecución de bienes en el marco del decomiso del caso Vialidad tramite en el fuero Civil y Comercial. El objetivo del planteo es que Comodoro Py no avance con el trámite.

El 12 de junio, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, pidió la actualización del monto de la suma sujeta a decomiso, que figura en la sentencia condenatoria del juicio y era de 84.835.227.378,04 pesos.

Cuando el informe de los peritos contables de la Corte Suprema ingresó se determinó que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados debían pagar un total de 684.990.350.139,86 pesos. El Tribunal a que de forma solidaria y voluntaria depositen dicha cifra. Eso no ocurrió.

Desde entonces, la ex Presidente presa en San José 1111 con tobillera electrónica en cumplimiento de la condena de corrupción, buscó retrasar la instancia siguiente: la ejecución patrimonial reclamada por el Ministerio Público Fiscal.

Primero rechazó la actualización del monto a pagar. No tuvo éxito, y esa decisión obtuvo la confirmación de la Cámara de Casación. Después, discutió la fórmula aplicada para llegar a los 685.000 millones de pesos. Obtuvo el mismo resultado que la anterior queja.

El último de sus planteos, que ahora está en manos de la Sala IV del máximo tribunal penal -integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña- pretende llevar la ejecución de bienes de Comodoro Py al fuero Civil y Comercial.

Mientras ese reclamo es analizado y sobre el cual ahora se pronunció rechazándolo el fiscal general, Mario Villar, sus pares de la instancia anterior -Diego Luciani y Sergio Mola-, exigieron hace una semana que se avance de forma inmediata, en la ejecución de veinte inmuebles de la familia Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 2 no tomará ninguna decisión hasta tanto se pronuncie la Casación sobre este último pedido de la defensa de Cristina Kirchner.

En un dictamen de 13 páginas al que accedió Clarín, el fiscal Villar recordó que el decomiso no constituye ni una medida de seguridad ni una pena (principal o accesoria). Por lo cual, no es algo sujeto a discusión bajo los argumentos de arbitrariedad, que le correspondería analizar a la Casación federal. Se trata en cambio de algo que debe cumplirse como consecuencia del delito cometido, acusación que adquirió firmeza hace cuatro meses tras el fallo de la Corte.

En el presente expediente, señaló Villar, la suma de dinero objeto de decomiso fue determinada en función de la «manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y sobre la base de los sobreprecios plasmados en las adjudicaciones de los contratos de obra pública, todas circunstancias que fueron objeto de investigación, juzgamiento y revisión hasta alcanzar la autoridad de cosa juzgada, todo ello en el marco de las reglas del debido proceso».

Así, su imposición junto a la sentencia condenatoria «respondió tanto a la exigencia legal derivada de la verificación» de las maniobras bajo estudio, es decir, la administración fraudulenta, como una respuesta a las «obligaciones convencionales asumidas por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción».

Bajo esa misma argumentación, el representante del Ministerio Público Fiscal recordó que el decomiso, en esencia, es «la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquél”.

Se señaló ante el pedido de la ex Presidenta y de su ex socio comercial, que el decomiso constituye «una consecuencia jurídica independiente, de carácter propio, cuyo fin es eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas antijurídicamente, que pueden inducir al autor a cometer nuevos delitos«.

Respecto al reclamo puntual para que el tema se discuta en el fuero Civil y Comercial, el fiscal indicó que es un error conceptual el de Cristina Kirchner, porque un decomiso no cumple la función de indemnización ni mucho menos un resarcimiento civil (como un daño y perjuicio).

Por eso rechazó que se vaya de Comodoro Py la ejecución patrimonial, bajo el fundamento de que estamos ante una consecuencia del delito penal cometido y juzgado.

Al concluir su dictamen, el fiscal pidió que no se dilate más la ejecución del decomiso y sostuvo: «el mandato de optimización de las convenciones citadas permite descartar cualquier solución procesal que pretenda primordialmente demorar, entorpecer o menoscabar la ejecución del decomiso de los bienes, en este caso, ya ordenado por sentencia firme».

Ante la presentación de Villar, empiezan a correr los cinco días hábiles para que la Cámara de Casación resuelva esta discusión y se allane el camino para que el TOF 2 determine si ejecuta o no, los bienes de la familia Kirchner.