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La reforma laboral, además de cambios en el régimen de empleo, incluye una serie de modificaciones impositivas y esquemas de incentivos para apuntalar las inversiones y la generación de puestos de trabajo. Esto tendrá un impacto relevante en las cuentas públicas, pese a que se excluye el recorte de tributos considerados como los más distorsivos.
El proyecto prevé la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que contempla beneficios fiscales como la devolución anticipada del IVA y la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. El esquema está orientado a proyectos productivos de hasta USD 30 millones.
Reducción de alícuotas
También se propone una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para Sociedades. Para los ejercicios fiscales que comiencen a partir de 2026, la tasa general bajaría del 30% al 27%, mientras que la alícuota más alta se reduciría del 35% al 31,5 por ciento.
Otro de los puntos centrales es la eliminación de los Impuestos Internos que actualmente alcanzan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, los vehículos automotores y motores, así como a las embarcaciones de recreo o deportivas y las aeronaves.
Además, el texto plantea la derogación de los dos impuestos cedulares, correspondientes a inmuebles y a la renta financiera, con excepción de las monedas digitales.
Por último, se elimina el cargo del 10% sobre las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA, una de las medidas que el Gobierno destaca entre los cambios más relevantes del esquema impositivo.
La consultora Invecq estimó que el impacto fiscal total del proyecto completo ascenderá al 0,83% del PBI. La mayor parte de este costo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral.
El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%).
En perspectiva, el superávit fiscal acumulado de enero a octubre de 2025 ascendió a 0,5% del PBI.
Desde la consultora PxQ precisaron que la reforma implica una “reducción significativa en los costos laborales no salariales” y detallaron que, en el caso de una empresa industrial mediana con una nómina mensual de $100 millones, el ahorro alcanza los $12,33 millones por mes. Según explicaron, ese recorte equivale a una baja del 38% de los costos laborales, sin contemplar el salario.
Fondo indemnizatorio
Respecto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones, los analistas de PxQ remarcaron que “el Estado absorbe el costo del despido futuro mediante renuncia fiscal presente (desfinanciamiento del SIPA -Sistema Integrado Previsional Argentinos)”.
Sucede que esa iniciativa establece que las cuentas de los Fondos se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al SIPA.
“Los empleadores incluidos en el presente régimen, excepto por las relaciones laborales previstas en el régimen de nuevo empleo y mientras persista el efecto de este, tendrán una reducción de tres (3) puntos porcentuales en la contribución patronal”, dice el proyecto.
En ese sentido, desde PxQ advirtieron que “esto mejora instantáneamente el balance empresarial pero introduce un riesgo fiscal de mediano plazo sobre la sostenibilidad previsional”, en referencia al impacto negativo en los ingresos del sector público.
Invecq señaló que “los cambios impositivos (más allá de la necesaria reducción del costo laboral vía menores cargas patronales) resultan bienvenidos porque contribuyen a simplificar un esquema tributario excesivamente complejo. Sin embargo, no abordan el núcleo de las distorsiones, que exige una reforma más profunda sobre tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones (la reducción anunciada esta semana va en esta línea, con un impacto fiscal estimado en 0,1% del PIB)“.
“Estos impuestos desalientan la producción y la inversión, pero —según anticipó el ministro de Economía— no formarían parte de una reforma en el corto plazo, debido al estrecho margen fiscal para reducir impuestos que representan casi 8% del PIB», consideró la consultora.
En tanto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destacó que de aprobarse la eliminación de impuestos del proyecto de reforma laboral, la cantidad de tributos de Argentina se reduciría desde 155 a 147. A nivel nacional, quedarían 37 tributos, un 18% menos que el número actual.
(Fuente: Infobae)
