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SAN JOSÉ.– Costa Rica vivió una jornada electoral histórica que marcará el futuro de su estabilidad democrática. Con más del 80% de las mesas escrutadas, Laura Fernández, la candidata oficialista que promete una línea dura sin precedentes contra el crimen organizado, ganó la elección con el 48,7%, mientras que Álvaro Ramos, de centroizquierda, la siguió con el 33,1%.
Unos 3,7 millones de ciudadanos acudieron a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. La gran favorita de la fecha era esta politóloga de 39 años que basó su campaña en la emulación directa del modelo de seguridad de Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador.
Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia y Honduras, y donde este año habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda. Además, Fernández será la segunda mujer que gobierne Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes y uno de los países más estables de la región, tras el mandato de Laura Chinchilla, quien también ganó en primera ronda en 2010.
La figura de Fernández representa un quiebre profundo con los valores históricos del país, como el pacifismo y las libertades civiles. Su discurso se centra en la mano dura contra los que ella denomina “desgraciados”, en referencia a los delincuentes que operan en el territorio.
El espejo salvadoreño es el eje de su propuesta. Fernández ofrece concluir la construcción de una megacárcel de máxima seguridad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de Bukele. Este nuevo penal, llamado Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), tendrá capacidad para 5100 reclusos.
Además, la candidata planea implementar estados de excepción en zonas conflictivas y un aumento sustancial de las penas. Para el oficialismo, las garantías individuales son obstáculos que impiden el control del narcotráfico.
Esta visión autoritaria cuenta con el respaldo total del actual presidente, Rodrigo Chaves, quien es el mentor político de Fernández. Chaves mantiene una popularidad excepcional gracias a su estilo personalista y confrontativo contra las élites tradicionales. El mandatario culpa con frecuencia al Poder Judicial y al Congreso por la impunidad criminal, bajo el argumento de que priorizan los derechos humanos de los presos sobre los de las víctimas. Los analistas advierten que, de obtener el oficialismo la mayoría legislativa, buscarán una reforma constitucional para otorgar más poder al Ejecutivo.
La crisis de seguridad justifica este giro radical ante los ojos de gran parte del electorado. Costa Rica, que solía ser un remanso de paz, registra ahora una tasa récord de 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El narcotráfico transformó al país en un centro logístico clave para la exportación de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La aparición del Cartel del Caribe Sur, una organización de escala internacional, evidencia la gravedad de la violencia criminal en los puertos del Caribe y el Pacífico.
Desde la oposición, el temor al autoritarismo es constante. El premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, afirma que hoy está en juego la supervivencia de la democracia costarricense. Los rivales de Fernández, como el economista Álvaro Ramos, denuncian que Fernández busca desmantelar los contrapesos del Estado para instaurar un sistema de control absoluto. Investigadores de la Universidad de Costa Rica señalan que el peligro real es la erosión de la cultura jurídica basada en la legalidad y la proporcionalidad.
A pesar de que la pobreza bajó al 15,2% recientemente, la desigualdad y el alto costo de vida alimentan el descontento social. Esta insatisfacción permite que el populismo autoritario gane terreno en una de las democracias más longevas del mundo.
Agencia AFP.
