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Hay golpes en la vida que no los ves llegar. El Artículo 194 de la reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso es uno de ellos.
Una línea escondida entre 197 artículos. Una frase que parece técnica pero que esconde una intención brutal: «Deróganse la ley 12.908 y sus modificatorias».
La Ley 12.908. El Estatuto del Periodista Profesional. La norma que desde 1946 —casi ocho décadas— protege a quienes ejercemos esta profesión. Y acá es donde hay que frenar y preguntarse: ¿qué tiene que ver eliminar las protecciones laborales de los periodistas con «modernizar las relaciones de trabajo»?
Nada. Absolutamente nada.
Esto no es modernización. Es venganza.
La ley que incomoda
El Estatuto del Periodista no es un capricho corporativo ni un privilegio de casta. Es una herramienta de protección democrática.
Fue sancionado en diciembre de 1946, ratificando el decreto-ley 7618/44, en un contexto donde los periodistas trabajaban sin marco legal, sin derechos específicos, sin estabilidad.
La norma definió por primera vez quiénes somos profesionalmente: directores, redactores, cronistas, reporteros, fotógrafos, correctores, traductores, archiveros, colaboradores permanentes. Todos aquellos que realizamos en forma regular y mediante retribución pecuniaria tareas propias en publicaciones diarias, periódicas y agencias noticiosas.
Y estableció condiciones laborales que todavía hoy son excepcionales:
Jornada de 36 horas semanales: No es regalo, es reconocimiento de que esta profesión te consume. Que el periodismo no termina cuando apagás la computadora. Que llevás las historias a casa, que atendés llamados a cualquier hora, que vivís pendiente de lo que pasa.
Horas extras con recargo del 100%: Porque cuando te quedás hasta la madrugada cerrando una nota, cuando cubrís una movilización un domingo, cuando salís corriendo a una emergencia, ese tiempo vale el doble.
Vacaciones progresivas de 15 a 30 días según antigüedad: Porque esta profesión desgasta, y el descanso no es lujo sino necesidad.
Estabilidad laboral como base esencial: Y acá está el punto clave, el que más incomoda. «Nos hace inmunes a las presiones políticas, estableciendo que ningún empleado puede ser separado de sus funciones sin una causa grave justificada», como señala el periodista Mariano Obarrio.
Esa inmunidad es la que molesta. Porque un periodista con estabilidad laboral es un periodista que puede investigar sin miedo a que lo echen por escribir lo que no conviene.
Es un trabajador de la comunicación que puede decir que no cuando le piden que publique una mentira. Es un cronista de la realidad que puede mantener la independencia frente a presiones políticas y económicas.
Por eso lo quieren eliminar.
Un gobierno que odia al periodismo
Javier Milei, inspirado en Donald Trump, afirmó en diversos discursos «No odiamos lo suficiente a la prensa», frase que luego redujo a las siglas ‘NOLSALP’ que incorporó como firma de varios tuits en X.
No es metáfora. Es declaración de guerra.
Según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, durante 2025 los ataques contra periodistas aumentaron un 66%. Un 66 por ciento.
El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo recibió un impacto de bala de goma en la cabeza mientras cubría una protesta de jubilados. Estuvo hospitalizado diez meses. Diez meses.
Pero no es solo violencia física. Según Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA, existe «un proceso de judicialización y hostigamiento de la tarea periodística, que incluye cartas documento y ataques en redes sociales por parte del Presidente Javier Milei».
Periodistas denunciados por hacer su trabajo. Periodistas amenazados desde cuentas oficiales. Periodistas escrachados por el propio Presidente de la Nación.
Y ahora, la estocada final: eliminar las protecciones legales que nos permiten seguir trabajando a pesar de todo esto.
Lo que perdemos los periodistas (y la Sociedad)
Si se deroga el Estatuto, no solo perdemos derechos laborales. Perdemos herramientas de protección profesional que impactan directamente en la calidad de la información que recibe la ciudadanía.
Como señaló FOPEA en su pronunciamiento: «Su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país».
«Nos preocupa especialmente que la derogación implicaría la pérdida de herramientas que aseguran la protección del periodista e incluso la confidencialidad de sus fuentes (bases conceptuales de la indemnización agravada en caso de despido), elementos esenciales para el ejercicio libre e independiente de la profesión y para la investigación de temas de interés público» manifestó el Foro de Periodismo Argentino.
Traduciendo, sin estabilidad laboral el periodista que investiga corrupción sabe que puede perder su trabajo. El periodista que denuncia abusos de poder calcula si su familia puede bancarse que lo echen. El periodista que protege una fuente confidencial se pregunta si vale la pena el riesgo.
Y cuando el periodista tiene miedo, la democracia pierde. Porque «la degradación de las condiciones de trabajo se convierte en un obstáculo para la libertad de expresión y vulnera el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada».
El silencio cómplice (otra vez)
Más de 3.000 periodistas firmaron una solicitada rechazando la derogación del Estatuto. Nombres variados en medios y miradas como Baby Etchecopar, Marcelo Bonelli, Silvia Mercado, Alejandro Bercovich, Hugo Alconada Mon, entre muchos otros.
Gente que no coincide en nada, que milita en veredas opuestas, que se peleó mil veces en pantalla. Pero que entiende que esto es más grande que las diferencias editoriales.
Sin embargo, hay un silencio ensordecedor desde ciertos micrófonos que durante años se la pasaron denunciando «los privilegios de la casta». ¿Dónde están ahora?
¿Dónde están los defensores de la libertad de expresión cuando el gobierno ataca directamente las herramientas que la garantizan?
Porque el doble estándar es obsceno: cuando Cristina o Alberto rozaban un tema vinculado a medios, se armaban especiales de una semana entera sobre «la mordaza K». Ahora que Milei elimina de un plumazo 78 años de protección laboral para periodistas, el silencio.
O peor: la justificación. «El Estatuto está viejo», «hay que modernizarlo», «es de 1946».
Claro que es de 1946. Como la Constitución Nacional, que también habría que tirar a la basura si el problema fuera la antigüedad.
Dios atiende en Buenos Aires
En el interior, donde los medios son más chicos, donde las presiones son más directas, donde el poder tiene nombre y apellido y te lo cruzás en el supermercado o en el banco, la estabilidad laboral no es un lujo: es la diferencia entre poder hacer periodismo o tener que agachar la cabeza para conservar el sueldo.
Porque acá no hay grandes empresas mediáticas con sindicatos fuertes. Acá estamos los que laburamos en medios locales, regionales, comunitarios. Los que cubrimos lo que pasa en cada pueblo, en cada colonia, en cada barrio. Los que le ponemos el cuerpo a contar las historias que los medios nacionales ni miran.
Si nos sacan las protecciones del Estatuto, el periodismo del interior, que ya vive en un marco de informalidad que duele, se convierte en tierra de nadie. Y el que más pierde no es el periodista: es la comunidad que deja de tener información libre, crítica, independiente.
La farsa del debate
«Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto», denunciaron SiPreBA y FATPREN.
No hubo mesas de diálogo. No hubo convocatoria a sindicatos, colegios profesionales, universidades. No hubo ni siquiera el gesto hipócrita de simular que les importa nuestra opinión.
Simplemente metieron la derogación en el artículo 194 de una reforma laboral de 197 artículos, esperando que pase desapercibido entre tanta modificación.
Es la técnica del caballo de Troya que ya usaron con otras leyes: esconder lo más grave en el medio de textos extensos, confiar en que la gente no lea todo, apostar a que cuando nos demos cuenta ya sea tarde.
Pero esta vez no.
Lo que está en juego
Esto no es una discusión técnica sobre relaciones laborales. Es una disputa de poder.
Un gobierno que odia al periodismo crítico quiere eliminar las herramientas que nos permiten seguir siendo críticos. Es así de simple y así de grave.
«La derogación del estatuto no sólo precarizaría aún más una actividad ya golpeada por la inestabilidad económica y laboral del sector, sino que además atentaría contra la posibilidad misma de ejercer un periodismo independiente, crítico y protegido frente a presiones de todo tipo», advirtió la Facultad de Periodismo de la UNLP.
Y tienen razón. Porque cuando el periodista pierde estabilidad laboral, pierde independencia.
Y cuando pierde independencia, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: el derecho de la ciudadanía a estar informada.
No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo la posibilidad de que exista periodismo libre en Argentina.
La pregunta final
¿Por qué un gobierno que se llena la boca hablando de libertad quiere eliminar las protecciones que garantizan libertad de prensa?
¿Por qué un presidente que dice combatir a «la casta» ataca precisamente a quienes fiscalizamos al poder?
¿Por qué una reforma laboral que supuestamente busca «modernizar» relaciones de trabajo incluye la eliminación de derechos específicos del periodismo?
La respuesta es incómoda pero clara: porque el periodismo libre incomoda. Porque el periodismo que investiga, que pregunta, que cuestiona, que no se arrodilla frente al poder, es un obstáculo para cualquier gobierno autoritario.
Y este gobierno, con su discurso libertario de fachada, viene demostrando desde el primer día que la única libertad que le interesa es la libertad del mercado. La libertad de las personas —de trabajar dignamente, de expresarse sin miedo, de disentir sin represión— esa libertad le estorba.
La Resistencia
Algunos miles ya dijimos no. Sindicatos, colegios profesionales, universidades, organizaciones internacionales como FIP y FEPALC rechazaron la medida.
El miércoles pasado hubo una conferencia de prensa frente al Congreso con senadores, diputados y referentes de la oposición, trabajadores de prensa y organizaciones sindicales.
La periodista Nancy Pazos lo dijo claro: estamos dispuestos al diálogo para modificar la norma dentro de parámetros democráticos, pero «el Estatuto del Periodista es el que nos reconoció como trabajadores. Somos los periodistas los que garantizamos la pluralidad de opiniones».
El tratamiento del proyecto está previsto para mañana, 11 de febrero, en sesiones extraordinarias. Todavía hay tiempo.
Pero el tiempo solo sirve si se usa. Si los legisladores entienden la gravedad de lo que están por votar. Si la sociedad comprende que esto no es un problema de periodistas sino de toda la ciudadanía que tiene derecho a estar informada.
Si dejamos que esto pase, no habrá vuelta atrás.
Desde acá
Escribo esto un martes al mediodía, después del programa de radio matutino, hablando con gente que no llega a fin de mes, documentando promesas incumplidas y mentiras oficiales.
Lo hago porque es mi trabajo. Porque me formé para esto. Porque creo en el periodismo como herramienta de fiscalización del poder y de servicio público.
Y lo puedo hacer porque tengo un marco legal que me protege.
Si ese marco desaparece, seguiré escribiendo igual. Pero será más difícil. Más riesgoso. Más solitario.
Y muchos otros no podrán. Porque tienen familia que mantener, porque necesitan el sueldo, porque el miedo es una mordaza efectiva cuando no hay red de protección.
Señor Presidente: usted puede seguir tuiteando «NOLSALP» y llenándose la boca con discursos sobre la libertad. Pero la historia juzga por los hechos, no por las palabras.
Y el hecho es que usted quiere eliminar las protecciones que garantizan libertad de prensa en Argentina.
No en nuestro nombre.
Marcelo Telez
Director | RPD Noticias
