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El avance de la política migratoria federal en Estados Unidos dejó de ser una discusión abstracta para convertirse en una red concreta de cooperación entre autoridades nacionales y policías locales. Un mapa reciente exhibió con claridad la magnitud del fenómeno: decenas de estados ya participan en acuerdos que habilitan a agentes locales a actuar como auxiliares del gobierno federal en materia migratoria.
El programa 287(g) se expande y cambia el rol policial
El crecimiento de los acuerdos impulsados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) refleja un giro profundo en la estrategia migratoria del gobierno encabezado por Donald Trump.
La iniciativa revive un mecanismo legal creado en 1996 que permite delegar facultades federales en autoridades locales para interrogar, detener y transferir a personas sospechadas de estar en el país norteamericano sin autorización.
Según un informe de Associated Press, la cantidad de convenios pasó de 135 en 20 estados antes del inicio del mandato a más de 1400 acuerdos activos en 41 estados y territorios.
Además, cerca de 800 agencias firmaron pactos de “fuerza de tarea”, la modalidad más amplia porque habilita arrestos en la vía pública, algo que había sido discontinuado durante la presidencia de Barack Obama.
La agencia federal también incentiva la participación: financia salarios, beneficios y 7500 dólares en equipamiento por cada oficial entrenado, además de entregar US$100 mil para vehículos a las agencias que se sumen.
La expansión ocurre en paralelo a un aumento del presupuesto: una ley fiscal firmada el año pasado asignó US$150 mil millones al control migratorio, lo que incluye la contratación de 10.000 agentes adicionales y la ampliación de centros de detención.
Mapa: cuántos acuerdos 287(g) tiene cada estado
El siguiente listado recopilado por AP refleja cuántos convenios con autoridades locales registra cada estado según datos oficiales:
- Florida: 342 acuerdos.
- Texas: 301 acuerdos.
- Tennessee: 63 acuerdos.
- Pensilvania: 60 acuerdos.
- Alabama: 51 acuerdos.
- Georgia: 51 acuerdos.
- Missouri: 45 acuerdos.
- Arkansas: 40 acuerdos.
- Carolina del Sur: 37 acuerdos.
- Oklahoma: 31 acuerdos.
- Kentucky: 31 acuerdos.
- Louisiana: 29 acuerdos.
- Carolina del Norte: 29 acuerdos.
- Virginia: 29 acuerdos.
- Kansas: 28 acuerdos.
- West Virginia: 28 acuerdos.
- Wisconsin: 21 acuerdos.
- Indiana: 19 acuerdos.
- Mississippi: 17 acuerdos.
- Ohio: 17 acuerdos.
- Utah: 16 acuerdos.
- Nueva York: 14 acuerdos.
- Nuevo Hampshire: 14 acuerdos.
- Wyoming: 13 acuerdos.
- Dakota del Norte: 11 acuerdos.
- Idaho: diez acuerdos.
- Arizona: diez acuerdos.
- Minnesota: nueve acuerdos.
- Maryland: nueve acuerdos.
- Dakota del Sur: siete acuerdos.
- Michigan: siete acuerdos.
- Nebraska: seis acuerdos.
- Nevada: cinco acuerdos.
- Montana: cuatro acuerdos.
- Alaska: dos acuerdos.
- Iowa: dos acuerdos.
- Colorado: un acuerdo.
- Nuevo México: un acuerdo.
- Massachusetts: un acuerdo.
Qué estados prohíben colaborar con el ICE
No todos los gobiernos estatales aceptan el nuevo modelo. Varios distritos liderados por demócratas comenzaron a bloquear la cooperación directa con las autoridades federales.
En Maryland, el gobernador Wes Moore firmó una ley que prohíbe los acuerdos migratorios con la administración de Trump.
De acuerdo con Associated Press, la medida obliga a terminar convenios vigentes incluso en cárceles donde durante años se interrogó a detenidos sobre su nacionalidad y lugar de nacimiento para determinar su situación migratoria.
El sheriff Charles Jenkins sostuvo que desde 2008 su condado había transferido 1884 personas al organismo federal y criticó la norma: “Estoy extremadamente decepcionado con la legislación porque realmente va a poner al público en riesgo de muchas maneras”.
Otras jurisdicciones también adoptaron restricciones. Nuevo Mexico y Maine aprobaron prohibiciones similares, mientras la gobernadora Kathy Hochul impulsa un proyecto para impedir que policías locales sean investidos como agentes migratorios.
En Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger canceló acuerdos estatales firmados por la gestión previa, aunque mantuvo algunos convenios de alguaciles.
