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En Cadena de Noticias el abogado penalista Federico Tilli analizó la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, la vigencia del decreto-ley de 1980 que regula el régimen penal juvenil, el impacto constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño y la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. Durante la entrevista, explicó cómo funciona el sistema tutelar actual, aportó datos sobre la participación de menores en delitos graves y detalló las modificaciones que propone el modelo acusatorio en la Justicia.
Tilli señaló que el régimen vigente fue establecido por un decreto-ley sancionado durante el último gobierno militar y que no tuvo debate parlamentario. “Partimos de un decreto ley que fue sancionado por militares y no tuvo discusión parlamentaria”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que corresponde dar una discusión legislativa actualizada.
El abogado recordó que, tras la reforma constitucional de 1994, Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño promovida por la Organización de las Naciones Unidas. “No podemos desconocer esas cuestiones”, indicó, y explicó que el Estado debe garantizar el interés superior del niño mediante políticas públicas de salud, educación e integración.
En relación con la edad de imputabilidad, precisó que actualmente se fija en 16 años, con un régimen diferenciado hasta los 18. “La gran discusión es bajarlo de esos 16 a 14”, expresó. Sin embargo, advirtió que el debate no debería centrarse únicamente en una cifra, sino en el funcionamiento general del sistema.
Sobre la incidencia delictiva, citó estadísticas difundidas por UNICEF:
“La participación de los niños en crímenes graves es muy baja, incluso hablan del 1% de la totalidad de los crímenes”, sostuvo. También indicó que en Misiones actualmente hay ocho menores privados de libertad.
Tilli explicó que el sistema actual tiene un enfoque tutelar. En delitos leves, los jueces pueden disponer medidas orientadas a la escolarización o al seguimiento familiar. En delitos graves, pueden establecerse condenas con límites específicos y bajo un régimen diferenciado respecto de los adultos.
Respecto del proyecto en debate, señaló que no solo contempla la baja de la edad, sino también cambios procesales. “Va a haber un juicio oral y público con las garantías de un adulto”, indicó. Además, mencionó que se establecerían topes de hasta 15 años de pena para menores en casos de delitos graves.
Finalmente, el abogado se refirió al nuevo Código Procesal Penal Federal, que propone un sistema acusatorio con mayor protagonismo del fiscal y un juez con función de garantías. “La diferencia sustancial es poner el rol a cada uno donde tiene que estar”, afirmó. No obstante, advirtió que “el simple cambio de la normativa no va a garantizar absolutamente nada” si no se acompaña con recursos y estructura adecuada.
