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Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se produjo un fenómeno nuevo en la administración de las asociaciones del fútbol: 29 de los 30 clubes de la Primera División dejaron de pagar aportes y contribuciones de la seguridad social.
El relevamiento de registros oficiales de ARCA, realizado por LA NACION, muestra que la interrupción fue casi simultánea y atravesó a instituciones grandes, medianas y recién ascendidas.
La única excepción detectada es Estudiantes de La Plata, que figura con cumplimiento total.
La mayor parte de los clubes interrumpieron los aportes en diciembre. En ese mes dejaron de pagar Boca Juniors, River Plate, Argentinos Juniors, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Barracas Central, entre muchos otros.
Algunos clubes se adelantaron y los interrumpieron en noviembre, como Banfield, Instituto de Córdoba y San Lorenzo.
Otros extendieron el incumplimiento hasta enero, como Racing Club y Tigre.
En el caso de Deportivo Riestra va más allá y aparece incluso con falta de pagos en febrero.
Lo que muestran los registros es algo más delicado que una mera demora administrativa. El empleador, en este caso cada club, actúa como agente de retención: descuenta del salario de los trabajadores un 11% destinado a jubilación, un 3% para obra social o prepaga y otro 3% para el PAMI. A esto se deben sumar las contribuciones patronales —que rondan el 24%—. Son todos recursos que nunca deberían permanecer en la caja de la institución.
Sin embargo, según la documentación analizada por LA NACION, durante ese período la conducción del fútbol se quedó con fondos que provenían de los sueldos y que debían financiar la cobertura de salud de los empleados o aportar a sus futuras jubilaciones.
En términos legales, no depositar esos montos en los plazos establecidos puede configurar el delito de retención indebida. La normativa prevé que, si transcurren diez días hábiles sin regularización desde la fecha límite, el incumplimiento puede escalar al plano penal.
El incumplimiento masivo se produce en medio de una fuerte disputa entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino.
La cúpula de la AFA aparece, además, apuntada por denuncias de desvíos millonarios de fondos a empresas fantasma, vínculos con una mansión en Pilar a nombre de un monotributista y una jubilada, y manipulación de causas judiciales para evitar que avancen las investigaciones.
El cerrojo sobre los aportes, en principio, reduce drásticamente el giro de fondos de los clubes hacia el Estado y, en particular, hacia la Anses, una maniobra que toma otra relevancia a la luz de las denuncias del ARCA y la Inspección General de Justicia que enfrenta la AFA.
El 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei dispuso por decreto una actualización de la alícuota de contribuciones del fútbol para, según la comunicación oficial, “equilibrar el déficit del sistema jubilatorio”.
El encargado de comunicar la medida fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien lanzó duras críticas contra la conducción de Claudio Tapia. “Los directivos del fútbol son millonarios subsidiados por los jubilados”, afirmó públicamente, en referencia a la flaqueza de los aportes.
El origen de la tensión se remonta al régimen especial creado por el Decreto 1212/03 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, que reemplazó el esquema general de aportes por un porcentaje aplicado sobre entradas, transferencias y derechos de TV.
Según la visión oficial, ese sistema se volvió deficitario. La nueva disposición fijó una alícuota del 13,06% más un adicional transitorio del 5,56% por doce meses. De acuerdo con datos oficiales citados por el ministro, el régimen había cubierto solo el 57% de sus obligaciones y acumuló un rojo de $7.000 millones entre noviembre de 2023 y abril de 2024.
El Gobierno también cuestionó maniobras para reducir la base de cálculo, como la venta de abonos en lugar de entradas.
El Ejecutivo intentó directamente derogar el régimen especial mediante el Decreto 939/24 para que el fútbol volviera al sistema común, pero la AFA obtuvo una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que frenó el cambio. Según Sturzenegger, si Vélez Sarsfield y River Plate hubieran tributado bajo el régimen general, sus aportes jubilatorios habrían sido 26 y 22 veces mayores, respectivamente.
Desde River argumentaron que una prórroga de la cautelar, dispuesta por el juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, permite diferir los pagos hasta tanto se resuelva la controversia, y que por ese motivo se suspendieron los aportes.
En la agencia recaudadora ARCA, en cambio, sostienen que la medida judicial no impide seguir pagando, como, por ejemplo, hace Estudiantes de La Plata.
La extensión del incumplimiento resulta llamativa. En Huracán e Independiente el corte aparece entre diciembre y enero; en Central Córdoba de Santiago del Estero se combinan interrupciones de seguro con contribuciones; Sarmiento de Junín y Talleres de Córdoba exhiben pagos parciales.
Incluso instituciones con fuerte estructura profesional, como Newell’s Old Boys o Vélez Sarsfield, figuran con interrupciones.
Al partir del análisis de LA NACION, también hay señales de una creciente debilidad financiera en algunos casos. Argentinos Juniors acumula 74 cheques rechazados por más de $1.051 millones; Atlético Tucumán presenta un pico de deuda de $843 millones; Aldosivi registra un rojo de $6,5 millones en noviembre.
En Independiente Rivadavia se consigna que el año pasado llegó a situación 5 de deudor, el escalón más crítico del sistema financiero.
Para los trabajadores, las consecuencias son directas: aportes jubilatorios que no impactan en su historia previsional, cobertura de salud en riesgo y posibles conflictos al momento de tramitar prestaciones.
Para los clubes, el cuadro puede derivar en reclamos de la seguridad social, intereses acumulados, ejecuciones fiscales e incluso responsabilidades penales si se confirma la retención indebida.
