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La audiencia en la que se definirá qué tribunal finalmente investigará las causas contra la AFA, prevista para este lunes, quedó sumergida en un mar de incertidumbres. Por un lado el fiscal de la causa ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar descubrió irregularidades en el inicio de la causa en el juzgado federal de Campana. Y por su parte Luciano Pantano, que aparece como dueño de la mansión de Pilar, pidió suspender el procedimiento.
Pantano, un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown, aparece -con su madre Ana Conte– como propietarios de la sociedad Real Central SA, dueña de la quinta de Villa Rosa, con helipuerto, pista ecuestre, pileta gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama.
Pantano pidió suspender la audiencia porque planteó un recurso extraordinario. Lo que se debatirá en la audiencia, este lunes 30, es qué fuero judicial debe investigar las causas contra la AFA.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky determinarán si la causa de la mansión de Pilar tramita en el juzgado federal de Campana; si debe investigarse en la justicia federal con Daniel Rafecas, donde todo empezó, o en el fuero penal económico de Marcelo Aguinsky.
La AFA quiere que la causa siga en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charbay, que ya sumó la causa por supuesto desvíos de 300 millones de dólares, cobrados en Estados Unidos y que terminaron en supuestas sociedades fantasma.
Según indicaron fuentes judiciales, lo que se decidirá es quién investiga al presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por fraude y por supuesto lavado de dinero con la quinta de Pilar, que figuraría a nombre de testaferros.
Otro expediente
En paralelo, Tapia y Toviggino están en la mira de la Justicia en otra causa paralela por evasión tributaria y apropiación de aportes patronales, donde ya fueron indagados y el juez Diego Amarante debe decidir si los procesa o no. Por ahora no los deja salir del país, a menos de 90 días del mundial.
Ahora, lo que puede ocurrir el lunes en Casación es un enigma porque se presentaron dos escritos que hacen correr riesgo la audiencia.
Por un lado, la exdiputada Elisa Carrió pidió que la jueza Angela Ledesma se aparte del caso. Acusó a la magistrada de estar vinculada con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora.
Carrió dijo que la jueza tiene relación con el poder de Santiago del Estero, la provincia donde el tesorero de la entidad construyó su entramado económico y tejió su vínculos locales con el propio Zamora.
A la vez, Carrió pidió que el camarista Carlos “Coco” Mahiques, quien supuestamente festejó su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino, se presente a declarar en la causa. Se trata del padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Sobre la jueza Ledesma, la líder de la Coalición Cívica pidió su recusación porque “realizó gran parte de su trayectoria profesional” en Santiago del Estero, integró su “Tribunal Superior de Justicia” y tiene relación directa con Cecilia Indiana Garzón, fiscal general de la provincia.
El escrito recuerda que un “número considerable” de las sociedades montadas por Toviggino “tienen una constitución original en Santiago del Estero” que, a su entender, las facilitó “a partir de debilidades institucionales” de la provincia.
Pero Carrió no es parte en la causa y basta con que la recusación sea rechazada sin más trámite el mismo lunes para que la audiencia tenga lugar. El juez Carbajo, que preside la causa, decidirá el trámite.
Pero en medio de estas idas y venidas judiciales, el fiscal Villar pidió todo el expediente de Campana, donde la AFA cree que le irá mejor y logrará un fallo que le quite este grave problema de encima.
El fiscal Villar encontró que el expediente de González Charvay, donde se pretende que se queden todas las causas, no se inició ni con una denuncia policial, ni con el impulso de un fiscal, ni con una denuncia de un particular.
El caso arrancó con un mail de Pantano, el supuesto dueño de la quinta de Pilar, diciendo que como su propiedad quedaba en jurisdicción de ese tribunal, debería ser ese juzgado de Campana el que lo investigue y pedía la inhibición del juez Aguinsky de la Capital, que venía avanzando a paso firme.
El correo electrónico era tan paupérrimo que el juzgado le pidió que suba al sistema judicial LEX las constancias y los documentos del pedido de inhibitoria.
“Es la primera vez que veo que una causa se inicia con un pedido de inhibitoria. No está previsto en el Código. Es un inicio irregular. Si no en cualquier cuestión de competencia, el acusado de lavado de dinero puede decir al juez de Capital que lo investiga que tiene una propiedad en otro lado, por ejemplo Salsipuedes y pedir que el caso vaya para allá, como supuesto fruto del blanqueo, sustrayendo la causa del juez natural”, dijo una fuente judicial ligada al caso.
El fiscal de Campana Germán Bringas advirtió esta situación cuando le pidieron opinión y dijo que ese juzgado era incompetente. Jamás requirió ni impulsó la acción penal en esa causa, que es lo habitual para que comience una investigación.
Mientras se definan estas cuestiones procesales se suman acusaciones contra Tapia y Toviggino, pero aún no hay un juez establecido para que definitivamente se quede con los casos, iniciados en algunos casos el año pasado.
