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La crisis que rodea a Manuel Adorni dejó de ser un episodio administrado desde la comunicación oficial para convertirse en un problema político con impacto directo en la opinión pública. El informe de Zuban Córdoba, difundido bajo el título “AdorniGate”, muestra con números lo que en el clima social ya empezaba a percibirse: el vocero presidencial quedó atrapado en una tormenta de desconfianza, desgaste y fuerte rechazo social. 
El dato más contundente del relevamiento golpea en la línea de flotación de cualquier dirigente: la imagen negativa de Adorni trepa al 66%, mientras su imagen positiva queda reducida al 21,5%. No se trata solamente de una mala semana ni de un ruido pasajero. El evolutivo que incluye el estudio exhibe que la negatividad fue escalando con el tiempo y que abril de 2026 lo encuentra en uno de sus peores registros, con una caída pronunciada de su valoración positiva. 
Pero además hay otro dato que vuelve más delicado el escenario: el caso ya penetró en la conversación pública.
Según el informe, un 36,9% dijo haber escuchado “bastante” sobre las denuncias por corrupción contra Adorni y otro 35,1% afirmó haber escuchado “algo”.
Es decir, más de siete de cada diez consultados ya están al tanto del tema en mayor o menor medida. Cuando eso ocurre, la crisis deja de ser un expediente de círculos políticos o mediáticos y pasa a instalarse en la calle, donde el costo suele ser más difícil de revertir.
En ese marco, la exigencia social de explicaciones aparece con una claridad demoledora. El 77,9% de los encuestados considera que, por tratarse de un funcionario público, Adorni debe explicar cómo paga sus viajes. Ahí se concentra quizá el núcleo más incómodo del caso: no alcanza con relativizar ni con esquivar preguntas cuando la sociedad percibe que hay aspectos que deben ser aclarados de manera abierta. La demanda de transparencia, en este punto, parece haber superado cualquier intento de blindaje
