La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, en compañía de los ministros Juan Manuel Díaz, Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres, recibió en el Salón de Acuerdos del Edificio de Tribunales al presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia, Sebastián Macías, con el objetivo de establecer las bases  del Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Asistencia Interinstitucional.

En el Convenio se establece un estado de colaboración mutua para optimizar la gestión institucional, buscando alcanzar el máximo rendimiento en la prestación de los servicios brindados tanto por el Poder Judicial como por la Cámara de Representantes. En este sentido, Venchiarutti Sartori y Macías acordaron colaborar en la implementación de  herramientas de interés común que involucren: el intercambio de experiencias e información técnica, protocolos de trabajo conjunto, investigación y gestión eficiente, como así también la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones (TICs).

Venchiarutti Sartori destacó “es importante entender que si bien somos Poderes independientes, tenemos que trabajar en conjunto por el bien de la comunidad y especialmente de los misioneros. La coordinación tiene que estar en los tres puentes del Estado”.

Además, las partes hicieron especial énfasis en el compromiso de capacitar a sus agentes para asegurar a la ciudadanía una correcta gestión legislativa y una administración de la justicia ampliamente eficaz. El Poder Judicial de Misiones desarrollará sus actividades de formación a través del Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”, motivo por el cual se contó con la presencia de la secretaria administrativa del Centro, Alejandra Barrionuevo.

El presidente de la Legislatura, por su parte, aseguró que “es bueno poder contar con un equipo interdisciplinario para capacitar y facilitar así nuestra labor”.

El Convenio Marco de Colaboración entre el Poder Judicial de Misiones  y la Cámara de Representantes de la Provincia forma parte de un acuerdo en pos de la optimización del servicio estatal y con el deber irrenunciable de actualizar y capacitar a aquellos trabajadores que sostienen el sistema judicial y legislativo.