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Mientras crece la polémica por la adjudicación de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios, dirigentes y personas vinculadas al oficialismo, en Misiones apareció un caso que suma ruido político e institucional: el del juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, quien accedió a uno de esos préstamos pese a que ya arrastraba una sanción disciplinaria que incluyó una quita del 30% de su salario.
Según la información difundida por Eldópolis a partir de datos relevados sobre registros del Banco Central, Guerrero figura entre los beneficiarios de los créditos otorgados por el Banco Nación desde la asunción del presidente Javier Milei. En su caso, habría accedido a un préstamo por $199.214.000, otorgado en enero de 2025.
El dato no pasó inadvertido por un motivo central: apenas un mes después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sanción disciplinaria contra el magistrado, vinculada a denuncias por maltrato laboral. La medida implicó una quita salarial del 30% por única vez, una decisión de fuerte peso institucional que, lejos de frenar su acceso a beneficios financieros, quedó en paralelo con la obtención del crédito hoy cuestionado.
La situación abre interrogantes no solo sobre los criterios de adjudicación de estos préstamos, sino también sobre la señal política e institucional que deja un caso de estas características. Porque no se trata solamente de un juez que recibió un crédito en medio de una discusión pública cada vez más intensa, sino de un magistrado que ya venía golpeado por una sanción oficial y aun así quedó dentro del listado de favorecidos.
El caso de Guerrero se mete de lleno en una controversia que ya excede lo financiero. Lo que está en discusión es el filtro, la oportunidad y el mensaje. En un contexto de ajuste, recorte y exigencias para amplios sectores sociales, que un funcionario judicial sancionado haya accedido al crédito de la polémica agrega un componente todavía más sensible.
La pregunta de fondo empieza a hacerse inevitable: qué evaluación se hizo para otorgar ese beneficio y hasta dónde pesaron, o no, los antecedentes institucionales del beneficiario.
