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Con el apoyo de las provincias mineras, el oficialismo y los bloques aliados convirtieron en ley en la Cámara de Diputados la reforma de la ley de glaciares, iniciativa que apunta a acotar la protección que hasta el momento regía sobre todo el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, sobre todo mineros.
Tras conseguir el quorum sin mayores inconvenientes -incluso con el aporte de algunos legisladores cuyos bloques votaron en contra de la reforma-, los libertarios estimaban que la votación arrojaría entre 135 y 140 votos positivos. Finalmente, terminaron siendo 137 a favor.
El debate de la reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo, dividió antagónicamente las aguas en el recinto. Sus defensores insistían en que la iniciativa no afecta la protección que regía sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro.
Sus detractores, en cambio, enfatizaron que esta reforma es motorizada por los intereses mineros y que será judicializada por inconstitucional y regresiva. Advirtieron que viola los presupuestos mínimos de conservación y que la provisión del agua podría verse afectada por la explotación minera.
Hasta ahora, la ley de glaciares sancionada en 2010 confiere una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.
La reforma, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.
En suma, con esta reforma, las provincias -y sus gobernadores- tendrán mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales como autoridad de aplicación final.
Así, la Nación y las provincias esperan destrabar inversiones estimadas en U$S 20.000 millones en proyectos mineros.
En defensa de la iniciativa, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Nicolás Mayoraz negó que la reforma viole el principio de no regresión, como advierten los críticos, e insistió en que el paradigma que vertebra la ley actual -la protección del área glaciar y periglacial que cumplen una función hídrica- “no se modifica” con la reforma.
El legislador destacó que, con esta reforma, “se fortalece federalismo de concertación” al darle la posibilidad a las provincias a realizar los estudios de segundo y tercer grado para distinguir qué áreas periglaciales cumplen una función hídrica relevante y las que no.
“Hoy el Ianigla no los puede hacer por falta de recursos y las provincias sí pueden”, sostuvo Mayoraz, quien desestimó las sospechas de que las provincias actúen guiadas por los intereses de las corporaciones mineras.
“Las provincias no pueden hacer lo que quieran, tienen los pergaminos para demostrar que hacen su trabajo con seriedad”, sostuvo el libertario santafesino.
La réplica vino de Unión por la Patria en la voz de Sabrina Selva. “No dudo que las provincias tengan las capacidades técnicas pero tampoco dudo, como lo demostró el Gobierno con la apertura de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) esta semana a distintas provincias, que los gobernadores priorizan el criterio político a la hora de tomar definiciones sobre el criterio científico, que sí tiene el Ianigla”.
La legisladora advirtió que la reforma es motorizada por los intereses mineros y cuestionó que se haya soslayado del debate a las provincias que podrían verse perjudicadas con los nuevos proyectos mineros, entre ellas La Pampa, cuyas cuencas hídricas se aprovisionan del agua que proviene del área glaciar y periglacial ubicada en la Cordillera.
“El dominio originario de los recursos naturales establecido en la Constitución Nacional por parte de las provincias no puede ser interpretado sesgadamente”, sostuvo.
También el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció que, detrás de esta reforma, subyacen los intereses de las empresas mineras. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley”, advirtió. “Es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”, insistió.
“Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo“, acusó, a su turno, la diputada Myriam Bregman.
Los impulsores de la reforma sostienen que la redacción de la ley actual es imprecisa, puntualmente en lo que respecta a la potestad que le confiere la Constitución sobre el dominio de sus recursos naturales. Esta confusión inhibe la posibilidad de potenciar la actividad minera en sus territorios, alegan.
El argumento fue sistemáticamente rechazado por los críticos de la iniciativa, que insistieron en que la ley actual no impidió la producción minera.
“La ley de 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta reforma. Voy a votar en contra de esta ley”, anticipó Miguel Pichetto (Encuentro Federal).
