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El reciente despiste en la Ruta Nacional 12, protagonizado por un joven que manejaba con 1.8 gramos de alcohol en sangre, volvió a poner sobre la mesa un debate incómodo pero necesario: ¿deben los infractores cubrir los costos que generan sus actos irresponsables?
El hecho no dejó heridos, pero movilizó a la policía, ambulancias y personal de salud. Horas después, el conductor recuperó la libertad por decisión judicial. Lo que encendió la indignación fue el video viral en el que él y sus acompañantes se burlaban de la situación, como si manejar alcoholizado fuera un chiste.
La reacción en redes fue contundente: “que pague”. Y detrás de esa consigna hay un planteo legítimo. Cada operativo de emergencia implica recursos públicos: combustible de patrulleros, horas de trabajo de médicos y policías, insumos hospitalarios. ¿Por qué debería asumirlo el Estado —es decir, todos los ciudadanos— cuando el origen del problema es una conducta individual, consciente y peligrosa?
En muchos países ya existen mecanismos para que los infractores cubran parte de esos gastos. No se trata solo de multas económicas, sino de responsabilizar al conductor por el costo real de su imprudencia. En Argentina, sin embargo, la discusión sigue pendiente.
La libertad inmediata del infractor contrasta con la sensación de impunidad que percibe la sociedad. Mientras tanto, las estadísticas muestran que el alcohol al volante continúa siendo una de las principales causas de accidentes viales.
La pregunta es clara: ¿hasta cuándo vamos a permitir que la irresponsabilidad de unos pocos se pague con el esfuerzo de todos? La consigna que circuló en redes no es solo un grito de bronca, es también una propuesta de política pública: que los infractores asuman los costos de sus actos. Porque conducir borracho no es un error, es una decisión. Y toda decisión tiene consecuencias.
