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Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte durante los primeros seis años del kirchnerismo, señaló durante su declaración indagatoria en el juicio por los Cuadernos de las Coimas que las acusaciones en su contra fueron “aseveraciones” realizadas en un “marco extorsivo” y que no figuran dentro de las “fotocopias del señor Centeno”, en referencia a las anotaciones del chofer Oscar Centeno, uno de los pilares de la causa.
“El único hecho que figuraría, y reitero la palabra figuraría, en las fotocopias es un pago que se habría hecho en el año 2010 y correspondería a la Hidrovía”, dijo el exfuncionario, que durante su exposición reiteró su pedido de prisión domiciliaria “por edad [tiene 71 años] y enfermedades”. Además, solicitó ser trasladado a Córdoba para poder recibir visitas familiares.
Jaime anticipó que no respondería preguntas de los jueces del Tribunal, ni de la fiscal Fabiana León, por no contar con un “total acceso” al expediente.
Pidió tras su declaración ser trasladado de inmediato a la Unidad 19, donde está preso, “porque no tomó la medicación”. Y añadió: “No la tomé porque me sacaron a las 5 de la mañana por cuestiones de protocolo. Me siento vulnerable en este momento”.
“La acusación que me hicieron es falsa, y provocó una prisión preventiva in eternum que espero poder aguantarla”, concluyó el funcionario.
En sus respectivas declaraciones como arrepentidos, los empresarios Benito Roggio y Benjamín Gabriel Romero, vinculados al mundo del transporte, señalaron a Jaime como uno de los recaudadores, al admitir haberle pagado al exsecretario de Transporte el 5% de los subsidios obtenidos del Estado como retorno.
“Nunca tuve la presencia del señor Roggio en mi despacho. Tengo entendido que con el ministro De Vido se reunía”, dijo.
Jaime llegó a los tribunales desde Ezeiza, donde cumple una pena unificada a seis años de prisión por la tragedia de Once.
En la causa de los Cuadernos de las Coimas, como parte de la acusación fiscal también figuran contra el exfuncionario 298 llamadas entrantes y 96 salientes con Daniel Muñoz, el secretario privado de Kirchner, también apuntado como uno de los responsables de la recaudación.
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