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El estado de Florida avanzará en la digitalización de gestiones vehiculares con la implementación de una nueva legislación que regula el uso de firmas electrónicas en procesos específicos. La norma, identificada como HB 961, introducirá requisitos técnicos para garantizar la autenticidad de documentos digitales en el rubro de los seguros.
Los nuevos requisitos técnicos en Florida para firmas electrónicas en trámites vehiculares
El texto legal, firmado por el gobernador Ron DeSantis, modificará disposiciones vigentes relacionadas con títulos de vehículos y certificaciones asociadas a unidades sobre las que se considera pérdida total. El objetivo central es reforzar la validez de las firmas electrónicas utilizadas en determinados trámites.
La ley establece que las compañías de seguros, así como sus representantes autorizados, deben implementar mecanismos de control para confirmar la identidad de quienes firman documentos digitales. Estos sistemas deberán cumplir condiciones específicas de seguridad.
Entre los criterios exigidos se incluyen:
- Conservación de los registros
- Integridad de la información
- Confidencialidad de los datos
- Posibilidad de auditoría de cada firma electrónica
Los procedimientos deberán garantizar que no haya alteraciones en los documentos. Además, los sistemas utilizados tendrán que ajustarse a los parámetros definidos en la Publicación Especial 800-63-3 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés).
En particular, deberán alcanzar niveles iguales o superiores al Nivel 2 en verificación de identidad, autenticación y federación.
Cuáles son los parámetros para los sistemas que deberán usar las compañías de seguros en Florida
De acuerdo con la Publicación Especial 800-63-3 del NIST, los sistemas de identidad digital se desglosan en tres componentes técnicos para gestionar el riesgo de manera precisa:
- Proceso de verificación de identidad para asegurar que una persona es realmente quien dice ser antes de registrarla en un sistema.
- Proceso de autenticación, para determinar que un usuario que intenta acceder a un servicio tiene el control de los autenticadores vinculados a su cuenta.
- Protocolo de aserción utilizado en entornos de federación para comunicar los resultados de una autenticación e información de atributos a un tercero.
Para llegar a un Nivel 2 en estas categorías, se requerirá evidencia que respalde la existencia de la persona y verifique que el solicitante está correctamente asociado a esa identidad. Además, requiere obligatoriamente autenticación de dos factores (MFA).
Alcances de la normativa de Florida en certificados y declaraciones
Las disposiciones alcanzan a las firmas electrónicas empleadas en la obtención de certificados de destrucción y títulos de salvamento. Estos documentos son emitidos cuando un vehículo es clasificado como pérdida total o destinado a desguace.
También quedan incluidas las declaraciones de odómetro que se presentan a través de aseguradoras. En estos casos, la validez de la firma digital dependerá del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la legislación.
El marco normativo indica que estos controles deben ser aplicados de manera obligatoria en cada uno de los procedimientos mencionados, sin excepciones para las entidades que intervienen en dichos trámites.
La autoridad encargada de supervisar la implementación de estos sistemas será el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés). Este organismo deberá evaluar si los procesos utilizados por las aseguradoras cumplen con los criterios definidos.
El texto legal no detalla sanciones específicas ante incumplimientos. Sin embargo, establece que la falta de adecuación a los estándares podría afectar la validez de las firmas electrónicas en los trámites regulados.
Cuándo entra en vigor la nueva ley sobre firmas electrónicas en Florida
El proyecto fue presentado el 5 de enero y avanzó en el proceso legislativo durante los meses siguientes. La Cámara de Representantes lo aprobó el 25 de febrero con unanimidad tras registrar 113 votos afirmativos.
Posteriormente, el Senado dio su aval el 4 de marzo, también sin oposición, con 37 votos a favor. Tras completar el trámite parlamentario, el texto fue remitido al gobernador.
El 29 de abril se concretó la firma que convirtió la iniciativa en ley. La entrada en vigor fue fijada para el 1° de julio.
