El Gobierno nacional incluyó un inmueble ubicado en Candelaria, Misiones, dentro del nuevo listado de propiedades estatales que podrán ser vendidas, transferidas o enajenadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
La medida forma parte del Decreto 322/2026, mediante el cual la Nación avanzó con un nuevo proceso de desprendimiento de activos públicos considerados sin uso específico, subutilizados o innecesarios para la gestión estatal.
Según el anexo oficial, el terreno misionero se encuentra identificado sobre la calle Fray Ruiz de Montoya sin número, dentro del ejido de Candelaria. El lote integra un paquete más amplio de inmuebles distribuidos en distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Chubut y La Pampa.
Desde el Ejecutivo nacional se sostiene que estos bienes generan gastos de mantenimiento y que su venta o transferencia permitiría reducir costos, obtener ingresos para el Tesoro y reincorporar esos terrenos al circuito productivo o a proyectos de inversión privada.
Sin embargo, en Misiones la decisión abre una pregunta local: qué destino tendrá finalmente ese lote, qué valor estratégico posee para Candelaria y si la comunidad tendrá algún tipo de participación o prioridad ante una eventual venta.
Más allá del argumento de eficiencia estatal, la medida pone nuevamente en debate el futuro de las tierras públicas nacionales asentadas en territorio misionero.



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