En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.

La medida fue comunicada ayer por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

Según lo expresado por el gobernador y de acuerdo con lo establecido en el Decreto, la medida alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria.

Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública, Parque de la Salud y del Ministerio de Prevención de Adicciones.

En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales.

Entre ellas, el decreto menciona a los Metabolitos de cannabinoides; Metabolitos de cocaína; Metabolitos de opioides, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina, metilendioxianfetamina y barbitúricos, salvo que se acredite prescripción médica para su uso.

Metodología

Quienes se encuentren en ejercicio de sus cargos deberán someterse al examen “de manera anual y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, explicó el mandatario provincial.

Según el artículo 4 del Decreto N° 776, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.

Asimismo, la norma dispone que el Ministerio de Salud deberá convocar al Colegio de Médicos y al Colegio de Bioquímicos de la provincia de Misiones, a fin de conformar un comité de auditoría externa, que tendrá a su cargo la evaluación de calidad y la auditoría de los procesos “que garanticen la seguridad y veracidad de los exámenes toxicológicos que se practiquen”.

Además, el decreto establece que, ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente.

En ese caso, el Ejecutivo evaluará si mantiene al funcionario en el cargo o lo releva de sus funciones.

También dispone que se garanticen mecanismos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida, “con el fin de velar por la recuperación e inserción laboral  y social del agente”, detalla el decreto.

La normativa

La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.

“Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua.

El decreto invita además a que la Legislatura, el Poder Judicial, organismos de la Constitución y municipios a que dicten normas en concordancia en la órbita de sus competencias.

“El presente instrumento legal  pretende evitar que el consumo de sustancias ilícitas en funcionarios y agentes del Estado, condicione sus capacidades al momento de tomar decisiones que afectan la vida de sus conciudadanos”, explica la argumentación del decreto.

Al tiempo que remarca que “los funcionarios públicos que actúan en niveles de decisión deben ser coherentes en esa batalla; a la ves de dignificar el ejercicio de la función pública y dar el ejemplo, cumpliendo estrictamente la normativa vigente”.

“El Ejecutivo trabaja arduamente para dar a la sociedad un ejemplo inequívoco de congruencia para garantizar que el narcotráfico no forma parte de los eslabones de gobierno”, resalta la norma.