Las universidades del país preparan una importante marcha para este martes 12. La manifestación, que también tendrá lugar en Misiones, es para reclamar al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de otras cuestiones básicas para el funcionamiento de las facultades,  como el aumento de partidas y la recomposición salarial de docentes y no docentes.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles, tendrá su acto central en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades del país.

Desde Adunam, el dirigente  Jorge Almada indicó a El Territorio que entre los pedidos puntuales “se exigirá la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que contempla aumento de un 47% en sueldos de trabajadores docentes y no docentes, además del aumento de presupuesto para Bienestar Estudiantil”.

La concentración

Adelantó que en Posadas, la concentración general será el martes a partir de las 14 en el mástil de avenida Mitre; aunque de forma previa, también se reunirán a partir de las 13.30 los integrantes de la Facultad de Humanidades de la Unam frente al edificio de calle Tucumán para luego trasladarse en conjunto hasta el punto de encuentro.

Desde el Mástil marcharán hasta la plaza 9 de julio. Esta vez todas las facultades de la Unam se unificarán en la capital misionera.

La movilización de este martes, será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio del conflicto presupuestario y se espera una amplia participación de distintos sectores sociales, educativos y sindicales, en una jornada que volverá a poner en el centro del debate el futuro de la educación pública en Argentina.

Amplio apoyo

Desde diferentes sectores se pronunciaron a favor de la lucha que lleva adelante el área universitaria. Es el caso del Movimiento Industrial Misionero, que a través de una misiva firmada por el presidente Gerardo Grippo expresó la adhesión a la marcha.

“La Universidad no es un privilegio: es el pilar imprescindible del conocimiento y, por ende, de la solvencia intelectual y económica de la Nación”, manifestaron en el comunicado.

Al tiempo que agregaron: “Sin financiamiento adecuado, el país se expone a una degradación intelectual que condena a sus estudiantes —los futuros dirigentes— a un retroceso irrecuperable frente al mundo”.

“La historia demuestra que los avances científicos, tecnológicos e innovadores han surgido allí donde el Estado promovió la academia como motor de desarrollo. Negar ese financiamiento es estancar la calidad educativa y renunciar al progreso colectivo”, sostuvieron.

E indicaron que “invertir en educación superior significa crear, optimizar e innovar procesos que garantizan la posibilidad no solo el ascenso social de quienes acceden, sino también la evolución integral de la sociedad argentina hacia altos estándares de crecimiento económico y desarrollo sostenible”.

Fuerza conjunta

Días atrás se llevó a cabo una conferencia de prensa para explicar la metodología de la próxima manifestación. Allí se pudo ver la unión de todos los representantes de las facultades y gremios docentes y no docentes, quienes aunaron los reclamos en un grito de lucha en común.

Cristian Garrido, decano de la Facultad de Humanidades de la Unam, remarcó: “Este gobierno nacional ha representado una pérdida importante del poder adquisitivo que también ha impactado fuertemente en nuestros estudiantes».

Asimismo, Hernán Cazzaniga, secretario general del gremio Unión de Docentes Universitarios (Udum), manifestó que “estamos en una situación inédita en Argentina, retrogradandonos a la situación del 2001”.          

La Ley de Financiamiento Universitario Nº 27.795, fue aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada recientemente por la Justicia, pero -según denuncian las universidades- aún no se cumple de manera efectiva.

Desde el sector universitario advierten que las transferencias nacionales acumulan una fuerte caída desde 2023 y aseguran que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ya genera renuncias, vaciamiento de cátedras y dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.

De la misma manera, alertan sobre la situación crítica de los hospitales universitarios, que enfrentan problemas operativos por falta de fondos.