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La multitud que se concentró en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos que colmaron distintas zonas del país para reclamar que se giren los fondos para las universidades no movieron al Gobierno de la postura que sostuvieron sus funcionarios en la previa: negar un ataque directo a ese sector educativo y vincular este tipo de reclamos a espacios políticos opositores a la gestión nacional. Además, distintos funcionarios del oficialismo enfatizaron en que buscan auditar lo que llamaron “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.
De momento, en la Casa Rosada esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la ley de financiamiento universitario que salió del Congreso y que el Gobierno no aplicó.
Mientras que en el documento final de la marcha al Ejecutivo le achacaron que “incumple la regla democrática y constitucional básica” por no poner en marcha esa legislación, ya judicializada, desde el Gobierno alegaron que la medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “no está firme hasta que se expida la Corte”.
Esa posición la señalaron tanto fuentes en off del gobierno de Milei como en una réplica de la Oficina de Respuesta Oficial en X.
El máximo tribunal del país tiene que decidir sobre un Recurso Extraordinario Federal. Esto será clave para saber si avala o no la postura de la gestión Milei, que se ancla en que la legislación del Congreso no tiene especificado de dónde saldrían los fondos para el financiamiento. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de LA NACION. Este martes a la tarde, el sistema universitario le pidió a la Corte que acompañe y que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.
A la vez que avanzaba la protesta y se acumulaban estudiantes, profesores, gremios y columnas políticas, el Presidente replicaba mensajes que se enfocaron en partidizar la discusión. “Posta que estallo que una vez por año marchan para que no cierren las universidades que nadie quiere cerrar”, fue uno de los tuits que avaló Milei, en este caso del propagandista Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. Otro decía: “La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí. Y eso les duele”. Uno, todavía más tensionado, rezaba: “Hoy marcha de la oposición escudándose cobardemente en la defensa de la universidad pública. Los mismos de siempre haciendo lo único que saben hacer: intentar desestabilizar”.
A través de esos dardos, el Presidente deslizó un posicionamiento similar al que más temprano en medios había encarnado su subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, del riñón del estratega Santiago Caputo.
Álvarez planteó en Radio Rivadavia que en las universidades hay “dos corporaciones”: una “política”, que aseguró que responde “mayoritariamente al radicalismo”; y una “sindical”, que le achacó al peronismo. “Es un acto opositor. Una causa noble se esconde atrás de la política”, dijo el encargado de las universidades del gobierno de Milei sobre el masivo reclamo de este martes. Horas después, con la gente en la calle y tras la lectura del documento, no hubo matices en esas manifestaciones suyas, según pudo saber LA NACION.
En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano prefirieron enfatizar en la necesidad de auditar y “mostrar los números” de las universidades.
“Sería preferible que quisieran hablar de los criterios de regularidad, del cobro a extranjeros, de auditorías. No creemos que marchar sea útil para lo que realmente se precisa, que es mejorar la calidad educativa y los índices de graduación, y utilizar eficientemente los recursos”, señalaron fuentes de esa cartera y añadieron, ante la consulta de LA NACION: “Amparándose en la autarquía solo les importa la plata y después la población desconoce en qué se utilizan esos recursos”.
En el documento final de este martes -que firmaron el CIN, las universidades, la Federación Universitaria Argentina y distintas asociaciones gremiales del rubro- denunciaron que el financiamiento del sistema nacional es “crítico” y que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada de 45,6% entre 2023 y 2026. “Es una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, denunciaron.
Este martes a la mañana, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello -que tiene bajo su ala la cartera educativa-, cargó contra la UBA, la acusó de pedir 95% de la distribución del refuerzo para hospitales universitarios y aseguró que esa casa opta por mantener el financiamiento a cargo del Estado y no arancelar a estudiantes extranjeros, cuando -según el Gobierno- debe 50% de las rendiciones de gastos de salud de 2024 y 2025. Asimismo, anunció el lanzamiento del “Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales” donde, aseguró, podrán consultarse la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado. La ministra prometió “datos actualizados y fehacientes”.
Además, Pettovello avaló mensajes contra el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también referente del radicalismo, quien más temprano se había cruzado con Álvarez y había acusado al Gobierno de “mentir sin vergüenza”, “inventar datos” y “bajar el presupuesto universitario a la mitad en dos años”.
Mienten sin vergüenza @AleCiroAlvarez Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales.
Mañana vamos a ser… https://t.co/SUufIen0qw
— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) May 12, 2026
Este lunes, la gestión de Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi $2,5 billones, que incluyó un ajuste de $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
En plena polémica por más recortes, desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, aseveraron que estas adecuaciones presupuestarias “no representan una desinversión” sino que intentan garantizar “la eficiencia del Estado” y priorizar “el financiamiento directo a las instituciones y la mejora en los procesos de gestión sin afectar el funcionamiento educativo ni la investigación científica”. Refirieron incluso que la tijera -que se sintió como una provocación en la previa de la protesta- no pasó sobre la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Este martes, las redes de propaganda libertaria en X -que venían alicaídas en medio del escándalo Adorni- se activaron con material que buscó desacreditar la movilización. Por ahora, quien cultiva su silencio público (hasta en días tan tensionados como este) es el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
