//
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que los extranjeros que soliciten el ajuste de estatus pueden ser obligados a hacerlo en sus países de origen a través de un consulado estadounidense. Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico Vivanco & Vivanco, asegura que el beneficio ya no es algo asegurado y que los más afectados son aquellos solicitantes que hayan incurrido en “fraudes migratorios”.
De qué trata el memorando del Uscis, según un abogado de inmigración
Echevarría aclaró que la agencia no eliminó el ajuste de estatus. En diálogo con LA NACION, el abogado explicó que el trámite migratorio dejó de ser considerado un derecho automático y pasó a entenderse como una “gracia administrativa”.
“El ajuste de estatus aún está disponible, no es que se eliminó. Lo que se dijo es que ya no será un beneficio garantizado, sino que se va a tratar de manera discrecional y se va a decidir en función de cada caso“, dijo el letrado.
Echevarría asevera que el ajuste de estatus siempre ha sido una “forma excepcional” de obtener la residencia sin salir del país. La modificación radica en que los solicitantes tendrán que demostrar una “situación extraordinaria” para que se les otorgue.
El viernes a la noche, cuando LA NACION ya había consultado a Echevarría, de hecho, un portavoz del DHS (Departamento de Seguridad Nacional, por su sigla en inglés) afirmó a The New York Times: “Esta medida solo resultó un recordatorio para los oficiales sobre su autoridad discrecional, la cual siempre existió bajo un análisis caso por caso”.
Cuáles son los grupos en riesgo de ser rechazados para el ajuste de estatus en EE.UU.
El abogado Echevarría remarcó que existe un grupo de personas que podría enfrentar mayores dificultades y una revisión más rigurosa para obtener el recurso migratorio. Entre ellos se encuentran:
- Aquellos que han excedido su tiempo de estadía permitida (overstay).
- Quienes han cometido infracciones migratorias, como trabajar sin autorización.
- Solicitantes que han incurrido en fraude migratorio o han dado información falsa al gobierno.
- Nacionales de países que ya se encuentran bajo un alto escrutinio.
“La agencia va a emplear un sistema donde va a ponderar las vulnerabilidades negativas frente a los contrapesos positivos”, señaló.
Luego agregó: “Los factores adversos incluyen violaciones previas de estatus migratorio, empleo no autorizado, y la transición directa de una visa de intención única a una solicitud de ajuste de estatus».
Aquellos que ingresaron con visas que no permiten la intención de emigrar enfrentarían un escrutinio mucho más profundo sobre su intención al entrar al país. Entre los casos más afectados aparecen:
- Turistas (B1/B2): se cuestionará si la persona entró con la intención preconcebida de quedarse y ajustar su estatus.
- Estudiantes (F1) y profesionales bajo visas TN, E-2 (inversionistas) y E-3.
- Cónyuges de ciudadanos estadounidenses: tendrán que demostrar por qué necesitan el beneficio en lugar de realizar el proceso consular en su país de origen.
En contraste, los menos afectados son quienes poseen visas de “doble intención”, como la H-1B (profesionales) y la L-1 (ejecutivos transferidos), ya que su intención migratoria ya está reconocida por ley.
Impacto operativo y recomendaciones para los solicitantes
El letrado advierte que, aunque la normativa no es retroactiva, los funcionarios pueden aplicar el nuevo criterio a los trámites que “todavía no se resolvieron”.
En ese contexto, recomienda a los nuevos solicitantes respetar todas las reglas migratorias, no salir del país durante el proceso si no se tiene un “permiso de viaje” y “manifestar en todo momento la verdad”.
Para quienes tienen un proceso en curso, les recomienda continuar con su caso, asegurándose de presentar una respuesta documentada que aborde los factores discrecionales.
