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El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.
Ambas partes planean reunirse esta semana −evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves− en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.
Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.
En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.
También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron a LA NACION el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.
De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas a LA NACION.
“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a LA NACION una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.
“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.
Tomas suspendidas
La toma de los colegios, ahora suspendida, fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.
Es que, mientras se da el diálogo a nivel político, el conflicto se judicializó y está en la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo para definirlo. Los rectores universitarios lo saben, por lo que también están dispuestos a dialogar, ante una situación económica cada vez más complicada.
“Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteaba el último documento de la UBA difundido antes de la marcha.
El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario en agosto del año pasado, el Gobierno la vetó, pero el Congreso volvió a insistir y evitó el veto, con lo que la norma quedó en vigor.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decretó que no la puede cumplir por falta de presupuesto. Las universidades acudieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno recurrió estos fallos y llegó con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene en sus manos la causa luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. Antes, la Corte rechazó un per saltum para abocarse de manera directa al caso.
De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras el planteo de los rectores de las universidades nucleados en el CIN.
En las conversaciones previas, el Gobierno planteaba transferir fondos que permitieran recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023, como ordena la ley aprobada por el Congreso.
Las partidas de fondos contarían con la aprobación del Ministerio de Economía. Sin embargo, ese ofrecimiento no llegó a buen puerto, por el rechazo extendido de los rectores y los gremios universitarios.
El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento.
La movilización reclamaba una actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Son el sector más afectado dentro de los trabajadores estatales, que en promedio resignaron el 17% de sus salarios.
Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento de las facultades. Es que las transferencias a las casas de estudios públicas registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, según plantearon las organizaciones en el documento leído durante la manifestación.
