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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo memorando que estipula que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe intensificar la persecución de casos de fraude administrativo relacionados con solicitudes de asilo. Si un caso se considera “fraudulento”, los infractores pueden enfrentar multas civiles o expulsión del ejercicio profesional en el caso de los abogados de inmigración.
Qué estipula el memorando del DHS para casos de asilo
El comunicado instruye a los abogados del ICE a utilizar herramientas legales existentes para combatir lo que la administración describe como un “abuso sistemático del sistema de asilo”.
En ese sentido, se instruye a los letrados a desarrollar políticas de “cumplimiento robusto” para aplicar de manera más frecuente la ley federal 8 U.S.C. § 1324c, que penaliza el fraude documental. Esta normativa prohíbe que cualquier persona o entidad, con conocimiento de causa, realice lo siguiente:
- Falsificación y alteración: forjar, falsificar, alterar o crear documentos falsos para cumplir con requisitos u obtener beneficios migratorios.
- Uso y posesión: utilizar, poseer, obtener o proporcionar documentos falsos o alterados.
- Suplantación de identidad: usar documentos emitidos legalmente a otra persona para conseguir beneficios.
- Fraude en la preparación: preparar o presentar solicitudes con conocimiento de que la información es falsa o no pertenece al solicitante.
- Irregularidades al viajar: presentar documentos para abordar un transporte hacia EE.UU. y luego no mostrarlos ante un oficial de inmigración al llegar.
El memorando apunta de manera directa a los abogados que representan a inmigrantes no ciudadanos, a quienes acusa de instruir a sus clientes para ocultar antecedentes o mentir en sus reclamos de asilo.
“Durante muchos años, millones de inmigrantes indocumentados han cometido fraude en nuestro sistema de inmigración. En ningún lugar es esto más frecuente que en los tribunales de inmigración”, dijo James Percival, asesor jurídico general del DHS.
Luego agregó: “Las solicitudes de protección, como el asilo, están diseñadas para cubrir circunstancias únicas y específicas, pero es práctica habitual que los abogados de inmigración que representan a inmigrantes afirmen que todos serán perseguidos o torturados en su país de origen».
Qué sucede si un caso de asilo se considera “fraudulento”
De acuerdo con CBS News, los infractores pueden enfrentar multas civiles que van desde los US$4370 por la primera infracción hasta US$11.823 en caso de reincidencia. Esas sanciones se aplican por cada documento o acto considerado fraudulento.
En el caso de los abogados de inmigración, cualquier hallazgo de fraude podría ser remitido a las autoridades disciplinarias y conllevar la suspensión o expulsión del ejercicio de la profesión ante los tribunales de inmigración. En investigaciones más graves, los fiscales incluso podrían considerar la posibilidad de presentar cargos penales.
Diferencia entre fraude y asilo por falta de pruebas
Los hallazgos de fraude en solicitudes de asilo son distintos de las denegaciones por falta de prueba. De acuerdo con la ley federal 8 U.S.C. § 1324c, el primer caso implica preparar o presentar una solicitud con conocimiento de que contiene declaraciones falsas o material engañoso.
En el caso de una denegación estándar, sucede cuando el solicitante no logra demostrar una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.
A diferencia del fraude, una denegación por falta de pruebas significa que los hechos presentados no alcanzaron el estándar legal, pero no implica una intención de engañar o falsificar documentos.
