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La compañía de tecnología agrícola Bioceres Crop Solutions presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe por una presunta estafa vinculada con la transferencia de 5,3 millones de acciones de la compañía, una operación que, según la firma, representaba un valor cercano a los US$12 millones al momento de concretarse. La presentación, patrocinada por el abogado Walter Stramazzo en representación de la empresa, ingresó el pasado 28 de mayo a la Fiscalía Regional 2 de Rosario y fue asignada a la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones Estratégicas. Fuentes del MPA confirmaron a LA NACION que el fiscal Ramiro González Raggio analiza la documentación aportada para definir las primeras medidas de investigación. La denuncia permanece bajo reserva.
Según una comunicación que circuló desde fuentes ligadas con Bioceres Crop Solutions, firma que desarrolló el trigo y la soja transgénica con tolerancia a sequía, la presunta maniobra investigada habría ocurrido en octubre de 2025 y tuvo como eje una transferencia accionaria que se concretó mediante una carta de indemnidad en la que se solicitó prescindir del requisito de certificación de firmas. Ese documento eximía de responsabilidad a Continental, entidad que tenía bajo custodia las acciones, y trasladaba a Bioceres Crop Solutions cualquier contingencia derivada de la operación.
En la empresa sostienen que toda la comunicación relacionada con esa gestión fue realizada por Gloria Montarón Estrada, quien para entonces ya no ocupaba cargos de dirección ni mantenía una relación laboral con Bioceres Crop Solutions. Según la presentación, Montarón Estrada se desempeñaba como presidenta del directorio de Moolec SA y estaba al frente del área legal de esa compañía.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la presunta falsificación de la firma de Federico Trucco, CEO de Bioceres Crop Solutions, en la carta de indemnidad utilizada para concretar la operación. En la presentación judicial Trucco afirmó que nunca firmó ese documento, que no autorizó a ninguna persona a hacerlo en su nombre y que desconocía tanto la carta como la transferencia que posteriormente se ejecutó. “La estratega y ejecutora de dicha maniobra fue Gloria Montarón Estrada”, señalaron desde el entorno de la compañía. Las mismas fuentes afirmaron que “es muy poco probable que Juan Sartori [ligado a Moolec] o personas de su entorno hayan estado al tanto de los hechos o los hayan aprobado”.
Como consecuencia de la operación, siempre según la denuncia, las acciones fueron transferidas desde Bioceres Crop Solutions hacia una sociedad vinculada al ecosistema empresarial de Moolec Science. La compañía considera que la maniobra ocasionó un perjuicio económico potencial significativo para Bioceres Crop Solutions y, en forma indirecta, para accionistas y acreedores de Bioceres SA.
Consultado por LA NACION, Lisandro Martínez Gorostiaga, abogado penalista de Rosario y representante de Montarón Estrada, aseguró que hasta el momento su clienta no recibió ninguna notificación formal sobre la denuncia. “Desde ayer, 1° de junio, la única información que tenemos es la que se publicó en distintos medios de comunicación y portales web. Todas las referencias a una denuncia que menciona a la doctora Gloria Montarón Estrada surgen exclusivamente de publicaciones periodísticas y de redes sociales”, afirmó.
El letrado explicó que, ante la repercusión pública del caso, se presentó ante el Ministerio Público de la Acusación para constituir asistencia técnica y ponerse a disposición de la Justicia. “Lo llamativo es la difusión de información sin que siquiera haya existido una notificación formal”, sostuvo.
Martínez Gorostiaga señaló, además, que la situación provocó un fuerte impacto personal y profesional sobre su defendida. “Naturalmente está sorprendida. Hay un fuerte asedio mediático y una afectación reputacional importante”, indicó. El letrado también afirmó que Montarón Estrada «no ocupaba un cargo de directora” en la compañía, pese a que en algunas publicaciones la presentan de esa manera, pero no era así.
Según explicó, dependiendo del período analizado, la ejecutiva pudo haber desempeñado funciones gerenciales o haber mantenido una relación de dependencia, pero remarcó que “no tenía las facultades de decisión propias de un director o integrante del órgano de administración”. Y dijo: “Los directores son quienes toman las decisiones y responden ante los accionistas o propietarios de la compañía”.
Consultado sobre si su clienta intervino en la transferencia de los 5,3 millones de acciones mencionados en la denuncia, el abogado evitó pronunciarse. “La verdad es que no lo sé. Recién tomamos conocimiento del tema ayer, en medio de una enorme exposición mediática”, respondió. También afirmó que todavía se encuentra analizando la documentación y la estructura societaria involucrada. “Estamos ante una estructura societaria compleja y sería irresponsable de mi parte afirmar categóricamente cuál era su situación laboral en cada una de ellas sin haber analizado previamente toda la documentación. La posición de la doctora hoy es tratar de entender exactamente de qué se la acusa, si es que existe una acusación”, señaló.
Desde la defensa se señaló, además, que “si existía una investigación en curso lo que hubiese correspondido es que el Ministerio Público pudiera trabajar la misma para eventualmente meritar si la denuncia es viable o desestimarla”.
Mientras tanto, desde el Ministerio Público señalaron a este medio que el fiscal González Raggio analiza la documentación presentada por Bioceres para determinar si existen elementos suficientes para impulsar las primeras medidas de investigación sobre los hechos denunciados.
