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La Asociación Civil Orembae aseguró que el Ministerio de Ecología de Misiones confirmó por escrito que no existe estudio, dictamen técnico, audiencia pública ni Declaración de Impacto Ambiental sobre la represa Corpus Christi–Pindo-í. Desde la entidad cuestionaron las afirmaciones de “impacto mínimo” y reclamaron que no se avance con un nuevo plebiscito sin información ambiental completa.
La discusión por la posible construcción de la represa hidroeléctrica Corpus Christi, en el emplazamiento de Pindo-í, sumó un nuevo capítulo en Misiones. La Asociación Civil Orembae informó que, tras un pedido formal de acceso a la información pública ambiental, obtuvo una respuesta oficial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia que confirma un dato central: el proyecto no cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental.
Según el comunicado difundido por la organización, no existe estudio de impacto ambiental presentado por el proponente, tampoco dictamen técnico de la autoridad ambiental, audiencia pública, instancia de participación ciudadana ni Declaración de Impacto Ambiental. Para Orembae, esto significa que la dimensión ambiental de la obra “nunca fue evaluada por el procedimiento que la ley exige”.
La entidad apuntó especialmente contra las expresiones públicas que, en los últimos meses, presentaron al proyecto como una obra de “impacto mínimo”, con afectación reducida sobre hectáreas, familias y la Selva Paranaense. Desde la asociación sostienen que esas afirmaciones carecen de respaldo técnico y legal porque no existe una evaluación ambiental que permita medir con seriedad la magnitud del eventual daño.
En ese sentido, Orembae remarcó que un estudio de prefactibilidad no puede reemplazar a una Evaluación de Impacto Ambiental, ya que se trata de instrumentos distintos, con finalidades y exigencias legales diferentes. La organización recordó además que la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional establecen el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental antes de que se adopten decisiones que puedan afectarla.
El planteo también se ubica en el marco del antecedente histórico de 1996, cuando Misiones rechazó la construcción de la represa mediante consulta popular. Por eso, la asociación consideró “inadmisible” que se pretenda convocar a un nuevo plebiscito sin información ambiental completa, independiente y de acceso público.
“Nos dijeron durante meses que el impacto sería mínimo. Pedimos los estudios y la respuesta del propio Estado fue que no existe ninguna evaluación ambiental. No discutimos cifras: denunciamos que esas cifras nunca se midieron. No se le puede pedir a Misiones que vuelva a votar sobre una represa a ciegas”, expresó el abogado Martín Ferroni, representante legal de la asociación.
Orembae reclamó que cese la difusión de afirmaciones sobre supuestos impactos mínimos, que se respete la decisión popular de 1996 y el marco normativo provincial que prohíbe la represa, y que no se convoque a ningún plebiscito mientras no exista información ambiental suficiente para garantizar una consulta verdaderamente informada.
En el fondo, la discusión vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta clave para Misiones: si una obra de esta magnitud puede volver al debate público sin que antes se conozca, con estudios concretos y participación ciudadana, cuál sería su verdadero impacto sobre el territorio, la Selva Paranaense y el derecho colectivo a un ambiente sano.
