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El director ejecutivo del organismo, Luis Bogado, se refirió a la grave denuncia de alumnos de Instrumentación Quirúrgica en Posadas. Aclaró que el establecimiento donde estudiaban funcionaba bajo engaño, dio aviso al Municipio y a Defensa del Consumidor, y explicó cómo verificar la validez de los títulos para no caer en «publicidad engañosa».
POSADAS. La reciente denuncia pública de un grupo de estudiantes de la carrera de Instrumentación Quirúrgica contra una denominada «Academia» encendió las alarmas en el sistema educativo provincial. El malestar de los alumnos, quienes advirtieron irregularidades en la validez de sus estudios tras invertir tiempo y dinero, cosechó una respuesta contundente por parte de las autoridades reguladoras.
El director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Luis Bogado, fue tajante al respecto:
«No se trata de un instituto incorporado a la enseñanza oficial. Es una academia, como la expresión lo dice; una institución que dicta cursos que no están avalados por el Ministerio de Educación ni por el SPEPM».
Por lo tanto, el funcionario remarcó que el lugar «no tiene facultad para emitir ningún tipo de título o certificado oficial».
Clausura del registro y derivación a la Justicia
Ante la gravedad de la situación, que involucra la formación en un área tan sensible como la salud, el SPEPM tomó medidas inmediatas en el ámbito de sus competencias.
«Esa academia estaba registrada como tal en nuestro organismo. Lo que hicimos de forma inmediata fue sacarle el registro, porque no está autorizada para abordar, desarrollar ni implementar carreras oficiales», anunció Bogado.
Además, el titular del área detalló las acciones administrativas e institucionales coordinadas para avanzar con el caso:
Se notificó formalmente a la Municipalidad de Posadas.
Se dio intervención a la Dirección de Defensa del Consumidor.
Se armó un expediente administrativo interno con el fin de aportar todas las pruebas necesarias a la Justicia en caso de que avance una denuncia en el ámbito jurisdiccional o penal.
«Siempre aparecen este tipo de situaciones en las que algunos vivos inventan un instrumento para engañar a la gente a partir de la publicidad engañosa, buscando atraer ‘clientes’ y ofertando algo para lo cual no tienen la validez necesaria», fustigó el funcionario.
¿Qué pasa con los alumnos damnificados?
Consultado sobre la situación de las personas que invirtieron sus recursos en este lugar, Bogado aclaró que la elección de una oferta educativa es una acción y una decisión privada.
«Al verse vulnerada esa decisión personal, los alumnos tienen la facultad y la opción de reclamar por las vías administrativas —como Defensa del Consumidor o el propio SPEPM— y por la vía judicial mediante una denuncia penal», explicó.
Si bien los afectados manifestaron públicamente ser alrededor de 30 personas, desde el organismo aclararon que, hasta el momento, se manejan con la información de los medios y las redes sociales ya que los damnificados no se han acercado todavía a radicar la denuncia de forma física en el SPEPM.
Guía para usuarios: ¿Cómo saber si un título tiene validez oficial?
Para evitar caer en este tipo de ofertas irregulares, el director del SPEPM instó a los futuros estudiantes a realizar dos controles fundamentales antes de inscribirse y pagar una matrícula:
Exigir el Acto Administrativo: «Lo primero que tiene que hacer el interesado es solicitar a la institución la Resolución de Incorporación a la Enseñanza Oficial. Ese es el único instrumento que las avala para emitir títulos oficiales».
Verificación digital: Cruzar los datos ingresando a las páginas web oficiales del Ministerio de Educación de la Nación o del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) para constatar si la institución y la carrera específica cuentan con la validez nacional correspondiente para la provincia.
«Venimos trabajando firmemente con los colegios de profesionales para auditar hacia el interior de estas academias», concluyó Bogado, remarcando que el control estricto busca garantizar «que los contenidos, procedimientos y prácticas en el área de la salud se enmarquen estrictamente dentro de lo autorizado».
