Una obra con destino hotelero sobre la avenida Martín Fierro, en la zona costera de Candelaria, abrió una fuerte polémica entre vecinos por su ubicación, su impacto visual y las dudas sobre el uso del borde ribereño.
En el cartel de obra figura como propietario Roberto Lagier y, según la información exhibida, la construcción habría sido habilitada en abril de este año. Sin embargo, el avance del proyecto generó cuestionamientos por el aspecto que presenta desde el río, considerado por vecinos como poco compatible con la estética del paseo costero.
La inquietud principal pasa por el acceso a la costa. Vecinos sostienen que entre la construcción y el río no quedaría garantizado el camino de sirga o espacio legal de resguardo ribereño, lo que podría limitar el paso público por un sector que forma parte del paisaje común de Candelaria.
En ese punto, el planteo cobra mayor relevancia porque el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 1974, establece restricciones al dominio en inmuebles que limitan con ríos o canales navegables, fijando la obligación de dejar una franja libre sobre la ribera, conocida como camino de sirga. Por eso, más allá de la habilitación municipal de la obra, vecinos consideran necesario conocer si se respetó la línea de ribera, la mensura del terreno y las restricciones legales aplicables al borde costero.

Otro punto que alimenta la polémica es la falta de claridad sobre el verdadero alcance del emprendimiento. Aunque se presenta como obra hotelera, en el lugar no se observan dibujos o renders del supuesto hotel. Según lo que trascendió, se trataría inicialmente de dos habitaciones con balcones, cuyos accesos darían directamente hacia la vereda.
La discusión de fondo es concreta: ¿cuál es la legalidad del terreno sobre el que se construye? ¿Es propiedad privada plena, una concesión municipal o un espacio ribereño sujeto a restricciones?

Mientras la obra avanza, vecinos reclaman información precisa sobre la titularidad del predio, los permisos otorgados, la línea de ribera y las garantías de acceso público a la costa.
Porque la pregunta no es solo si la obra tiene permiso, sino qué permitió exactamente ese permiso: construir frente al río no debería significar privatizar la vista, el paso ni el acceso a la costa.





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