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El jefe de Gabinete y su esposa se adhirieron a la Ley 27.799, una normativa que funciona como un “blindaje fiscal” e impide que el Estado revise las declaraciones juradas de años anteriores. Mientras la pareja utiliza este beneficio para congelar los controles de la ARCA, la Justicia federal avanza en una causa penal y aguarda los peritajes contables sobre sus casas en countries, viajes en aviones privados y movimientos con criptomonedas que no cierran con sus ingresos oficiales. Leer más
