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El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los valores del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, una decisión que alcanza a miles de beneficiarios y a los prestadores que brindan servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, hogares y centros de día en todo el país. La medida quedó establecida mediante una resolución publicada este viernes y busca adecuar los aranceles de acuerdo con la evolución de la inflación, en un contexto donde el sector viene reclamando actualizaciones periódicas para sostener la atención.
La resolución dispone un incremento en los aranceles del nomenclador nacional, que determina cuánto perciben los prestadores por cada uno de los servicios contemplados en el sistema. La actualización comenzará a regir con los valores correspondientes a junio de 2026.
El ajuste fue definido luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, siguiendo el esquema de actualización implementado por el Ejecutivo para mantener los valores de las prestaciones en línea con la evolución de los precios.
Entre los servicios alcanzados por la medida se encuentran los centros de día, los hogares permanentes, las prestaciones de rehabilitación, la educación especial, el transporte de personas con discapacidad y otros servicios incluidos en el sistema de atención integral.
Uno de los ejemplos incluidos en la resolución indica que el valor correspondiente a un centro de día con jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92, mientras que la modalidad de jornada simple se actualizará de $551.687,35 a $563.272,78. Los nuevos montos también alcanzan al resto de las prestaciones contempladas en el nomenclador.
Además, el Gobierno confirmó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, con el objetivo de compensar los mayores costos de funcionamiento y traslado en esa región.
La actualización de los aranceles representa una referencia para las obras sociales, organismos financiadores y prestadores que integran el sistema de atención a personas con discapacidad. El nomenclador establece los valores de cada prestación y sirve como base para la cobertura de los servicios en todo el territorio nacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo concretó una nueva actualización de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, un mecanismo que busca acompañar la evolución de los costos del sistema mientras continúa el seguimiento de los valores del sector durante el año.
