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La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó un recurso presentado por el gobierno de Javier Milei y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma impulsada por las universidades nacionales para garantizar la actualización de salarios, becas y partidas presupuestarias.

La resolución del máximo tribunal del país representa un nuevo revés judicial para la Casa Rosada en medio del prolongado conflicto con el sistema universitario público y ratifica, al menos en esta etapa del proceso, la vigencia de la ley aprobada por el Congreso.

El fallo fue firmado por los jueces de la Corte luego de desestimar el planteo extraordinario del Poder Ejecutivo, que buscaba revertir una cautelar favorable al reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas casas de estudio del país. La decisión no ingresa al análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, pero deja vigente la orden judicial que exige su aplicación.

La ley

La disputa gira en torno a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que contemplan mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de la recomposición de partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y programas de asistencia estudiantil.

Las universidades habían recurrido a la Justicia tras denunciar que el gobierno incumplía las previsiones establecidas por la norma, generando un fuerte deterioro presupuestario y salarial en el sistema de educación superior. En marzo, la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó una cautelar que ordenó al Ejecutivo aplicar la ley, decisión que posteriormente fue apelada por la Nación.

Pese a la relevancia institucional del fallo, la decisión de la Corte no tendría consecuencias presupuestarias inmediatas. Días atrás, el Ministerio de Capital Humano y el CIN alcanzaron un acuerdo que contempló aumentos para la masa salarial universitaria, una actualización de los gastos de funcionamiento y mayores recursos para hospitales universitarios.

Por ese motivo, distintas interpretaciones coinciden en que el pronunciamiento judicial funciona principalmente como un respaldo a la vigencia de la ley y a las decisiones adoptadas por el Congreso, más que como una orden que implique nuevas erogaciones en lo inmediato.