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Un juez federal bloqueó temporalmente políticas que podían retirar o reducir las autorizaciones laborales de miles de solicitantes de asilo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La decisión protege especialmente a personas de El Salvador, Sudán y Ucrania mientras el tribunal analiza si concede una suspensión de mayor duración.
Coalición logra un bloqueo temporal de la medida y mantiene el derecho a trabajar para titulares de TPS
Las restricciones aprobadas por el Congreso en julio de 2025 limitaron las autorizaciones laborales vinculadas con el TPS e introdujeron nuevas consecuencias para los solicitantes de asilo que no pagaran las tarifas exigidas. Según Reuters, el juez Nathaniel Gorton bloqueó temporalmente las políticas del Uscis que podían retirar permisos de trabajo o acortar retroactivamente su vigencia.
Los demandantes, representados por el grupo Democracy Forward, se opusieron a las medidas aprobadas en julio de 2025 que, por primera vez, imponían tarifas para solicitar asilo y restringían la autorización de empleo para personas con TPS. Su argumento fue que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó las disposiciones de manera ilegal.
En la demanda aseguraron que se reducía indebidamente el tiempo que los beneficiarios del TPS estarían autorizados para trabajar al aplicar de manera retroactiva las restricciones. Y es que, según la orden emitida en su momento por el presidente Joe Biden, las designaciones permanecen vigentes para ciudadanos de El Salvador hasta el 9 de septiembre y para Sudán y Ucrania hasta el 19 de octubre.
La coalición también expresó que las nuevas políticas eran inválidas porque el público nunca recibió notificación ni tuvo la oportunidad de comentar sobre ellas antes de su adopción, como lo exige la Ley de Procedimiento Administrativo.
El juez mantiene las tarifas de asilo, pero bloquea sanciones por falta de pago
El juez Gorton se negó por el momento a suspender el cobro de las tarifas para solicitantes de asilo. Sin embargo, ordenó que el Uscis no pueda retirar permisos de trabajo ni imponer otras sanciones a quienes no efectúen el pago mientras permanezca vigente la medida judicial.
La tarifa anual de asilo continúa vigente. El monto base establecido por la ley fue de US$100 y está sujeto a ajustes por inflación; para el año fiscal 2026, el Uscis informó una tarifa de US$102.
Advierten que la decisión del juez sobre asilo y TPS solo es temporal
La orden permanecerá vigente hasta que el juez decida si concede una suspensión de mayor duración mientras continúa el litigio. Gorton indicó que resolverá esa cuestión a más tardar el 5 de agosto, pero esa decisión no necesariamente será el fallo final sobre la legalidad de las políticas.
Con base en lo anterior, la abogada Kathia Quirós declaró a Telemundo: “Esta decisión alarga la vida de los permisos de trabajo de las personas con TPS por unos días. No es una decisión permanente, es algo muy temporal”. La resolución no restablece el programa del TPS, ni revierte la decisión de otras cortes de eliminarlo.
