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La reciente aprobación de la ley provincial XVIII N.º 45 sobre Tenencia Responsable de Perros Potencialmente Peligrosos generó el rechazo de un grupo integrado por rescatistas, activistas, organizaciones proteccionistas, profesionales y vecinos, quienes ahora avanzan en la conformación de una mesa interdisciplinaria para promover la derogación o modificación de la norma. En ese contexto, una fundación ya interpuso un amparo judicial con el fin de que la legislación sea dejada sin efecto.
“En primer lugar, está mal llamada, porque los animales no son cosas y no se puede hablar de tenencia. Además, estigmatiza a determinadas razas; está mal”, cuestionó Estela Barbaro en diálogo con La Voz de Misiones.
Barbaro es quien promueve la articulación entre los distintos referentes de la temática en Posadas, con el fin de que la norma aborde la problemática “desde la base” y no desde la estigmatización de las razas de perros.
“No se tratan los problemas de base que tenemos con los animales”, sostuvo la odontóloga posadeña y agregó: “No hablan de la tutela responsable de los animales, de la necesidad de contar con un predio seguro, de la vacunación ni de una alimentación adecuada. Tampoco contemplan el control y la educación sobre cada animal”.
La normativa cuestionada crea un registro provincial obligatorio para los perros alcanzados y sus propietarios, establece la contratación de un seguro de responsabilidad civil, dispone el uso de bozal y correa en la vía pública y fija condiciones específicas para su guarda. Además, prevé sanciones económicas y administrativas por incumplimientos, así como medidas a aplicar cuando estos animales ocasionen lesiones o representen un riesgo para terceros.
Para Barbaro en la tierra colorada “no tenemos solo un problema de tutela irresponsable de los perros con porte grande o que serían agresivos” y consideró que, en todo caso, primero se debería “ver cuáles son”, ya que “no es solamente una raza, sino en general; un perro mestizo puede ser agresivo“.
En ese sentido, la posadeña sostuvo que la normativa termina imponiendo mayores obligaciones a quienes ya ejercen una tutela responsable de sus animales, mientras que, a su entender, no aborda el problema de quienes incumplen con los cuidados básicos.
“Hace 25 años tengo pitbull, jamás mis animales fueron agresivos. Tengo un predio cerrado, el animal vacunado, la alimentación que corresponde y son parte de mi familia”, expuso.
La entrevistada también cuestionó las exigencias previstas por la ley, como el uso obligatorio de bozal, la colocación de un chip y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.
“Soy tutor del animal, no tengo tenencia, como corresponde. ¿Por qué el gobierno me tiene que obligar a mí y a mi mascota, que no es agresiva, a ponerle bozal, violentándolo en la calle, cuando está acostumbrado a salir a caminar y no molesta a nadie?”, planteó. Y agregó: “Están pidiendo que se ponga chip, seguro, cuando los irresponsables no le dan ni de comer ni le ponen las vacunas”.
Asimismo, consideró que la legislación deja de lado problemáticas estructurales vinculadas al bienestar animal. “Acá tenemos que solucionar los perros de la calle, la no castración, el maltrato animal; hay un montón de cosas que puntualizar antes que las medidas que establece esa legislación”, sostuvo.
En esa línea, también cuestionó el proceso de elaboración de la norma al asegurar que “no tuvo una mesa interdisciplinaria, no consultaron veterinarios, rescatistas, etólogos, tutores responsables ni vecinos”.
Con esos puntos como eje, la posadeña convocó a distintos actores vinculados al cuidado responsable de los animales a una primera reunión que se realizará esta tarde en la capital misionera. El encuentro buscará poner en común propuestas y definir acciones para impulsar, ante la Justicia, la derogación de la normativa o promover un trabajo conjunto para su modificación.
Amparo judicial
Precisamente, el rechazo a la legislación ya llegó a la Justicia misionera a través de una acción de amparo colectivo e individual presentada contra el Estado provincial.
La medida fue impulsada por la Fundación Dante Piesco (responsable del Centro de Rescate Ohana) junto a tutores de la provincia, con el objetivo de declarar la inconstitucionalidad de los artículos clave de la ley por considerar que impone una “presunción de peligrosidad” basada únicamente en la raza, fija cargas económicas confiscatorias y habilita el secuestro policial de las mascotas.
En el escrito, al que accedió LVM, se solicitó además una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata las exigencias de chipeo arancelado, seguros obligatorios y posibles decomisos mientras la justicia resuelve la cuestión de fondo. Desde la entidad protectora advierten que la ley atenta contra el bienestar animal y la economía de los hogares, por lo que reclaman que, de mantenerse algún control poblacional, este sea ético, universal y completamente gratuito para la ciudadanía.
