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Hilario Moreira, mburuvicha de la comunidad Tapé Mirí de Garuhapé e integrante del Consejo de Caciques, señaló que “Misiones no reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”, por lo que exigió a los gobernantes y legisladores respeto y garantías para el ejercicio de sus derechos.
Estas declaraciones las hizo ayer por la tarde sobre el escenario de la plaza 9 de Julio de Posadas en el marco de la movilización contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en el Senado de la Nación con la quita del articulado sobre extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.
En este contexto, recordó: “En Misiones casi el 60% de las comunidades no tiene título de propiedad. Pedimos que se regularice la situación indígena porque somos los que más sufrimos desde el siglo pasado. Nos ponen a Andresito como prócer, pero en la actualidad tampoco hay garantías de derechos, no somos respetados como pueblo, somos expulsados de nuestra propia casa”.
De esta manera, apuntó contra la falta de garantías en la aplicación de derechos fundamentales: “Queremos el respeto como pueblo y no solamente como pueblo originario, sino como pueblo misionero. Esta casa grande pertenece a todos, no solamente a los mbya. En Argentina, los pueblos originarios venimos sufriendo el atropello y avasallamiento hace muchísimo tiempo. Los derechos indígenas fueron reconocidos desde 1994 a nivel nacional, Misiones todavía ni siquiera reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”.
“Exijo respeto y garante de nuestros derechos como pueblo para que ninguna comunidad mbya sea desalojada, porque en la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro, vamos a seguir siendo mbya y a defender nuestro territorio cueste lo que cueste. Queremos que el Estado acompañe y que no haya más desalojos en ninguna comunidad, exigimos respeto por nuestro pueblo y soberanía”, enfatizó.
Puente Quemado II
Seguidamente, refirió al desalojo que sufrió la comunidad mbya Puente Quemado II el 28 de julio pasado, medida judicial ordenada por el juez Roberto Sena y que -a 48 horas de su aplicación- fue suspendido por la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, encabezada por Héctor Simón.
“Esta unidad es indispensablemente importantísima y me siento orgulloso de ser parte. Somos nosotros los responsables y tenemos la obligación como pueblo, persona y ciudadano de defender nuestro territorio y nuestra tierra que tanto queremos. Nuestros ancestros la han defendido antiguamente de los extranjeros para que por lo menos tengamos paz y tranquilidad. Agradezco este espacio y pido que el territorio de Puente Quemado II sea devuelto“, ponderó.
El desalojo de Puente Quemado II, en respuesta a una denuncia presentada por el empresario forestal Alfredo Ruff, fue repudiado por organizaciones locales, nacionales e internacionales, quienes recordaron que los pueblos originarios deben ser respaldados por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; el Convenio 169 de la OIT; la Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; la Declaración ONU (2007), así como también convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
