
El tratamiento del pliego de Héctor Daniel Simón con candidato a ocupar el cargo de fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas fue postergado este lunes en virtud de un pedido del propio funcionario, quien solicitó que el asunto sea analizado una vez que se resuelvan los planteos en su contra que impulsan legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida al diputado Rudi Bundziak, presidente de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes, que tenía previsto avanzar con el análisis de su candidatura.
A partir del pedido, el tratamiento quedó en pausa hasta tanto se resuelvan los cuestionamientos planteados contra el funcionario.
En su escrito, Simón argumentó que “esta solicitud se asienta en que, teniendo en cuenta los planteos formulados en mi contra que ofenden mi honor e idoneidad, los mismos sean resueltos de manera previa por las autoridades y los canales correspondientes”.
En esa línea, agregó que “una vez finalizados estos procesos respectivos, solicito sea convocado nuevamente a Audiencia Pública ante ustedes”.
“Destaco el compromiso y el respeto a las instituciones provinciales de Héctor Daniel Simón, quien ha tomado la decisión personal de solicitar, mediante nota, la postergación del tratamiento del pliego que lo propone en el cargo judicial correspondiente”, destacó esta mañana Bundziak.
Los cuestionamientos
La postulación de Simón había quedado envuelta en una controversia política desde comienzos de julio, cuando catorce diputados del arco opositor solicitaron al gobernador Hugo Passalacqua que retirara su pliego.
El planteo fue encabezado por el diputado de La Libertad Avanza Adrián Núñez y acompañado por legisladores de distintos espacios opositores.
En la presentación, los diputados cuestionaron las condiciones morales y técnicas del fiscal y mencionaron denuncias administrativas ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y presuntos episodios de mal desempeño, entre ellos el supuesto uso de efectivos policiales para tareas particulares y actuaciones vinculadas con una demanda laboral iniciada contra Simón.
Los legisladores también cuestionaron su intervención en una investigación contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, por una denuncia de abuso sexual presentada por una trabajadora del Concejo Deliberante.
En ese expediente, Simón había solicitado el sobreseimiento de Peyer y posteriormente se inició una investigación por una presunta falsa denuncia. La propia presentación opositora vinculó ese episodio con una disputa política local.
No obstante, según pudo reconstruir este medio en su momento, la causa por falsa denuncia se originó en una presentación realizada por terceros y no en una actuación iniciada de oficio por el fiscal. Simón dio trámite tanto a esa denuncia como a la original y las decisiones procesales quedaron en manos del juez de instrucción interviniente.
Catorce diputados se unieron para oponerse a la designación de un fiscal





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