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Este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, la concejal Valeria Gómez de Oliveira de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ordenanza para crear el Ente Municipal de Control y Seguimiento de Servicios Públicos, una estructura que tendría como objetivo recibir reclamos de los usuarios, sistematizar información y exigir respuestas a las empresas prestatarias.
Durante su intervención en la sesión ordinaria, la edil sostuvo que los problemas vinculados con el agua, la energía eléctrica y el transporte afectan desde hace años a los vecinos de la ciudad y cuestionó que el municipio se limite a señalar que se trata de competencias provinciales.
Gómez de Oliveira fundamentó su propuesta en el artículo 88 de la Carta Orgánica de Posadas, que establece que “los servicios que tienden a satisfacer necesidades primordiales de orden local deben considerarse de competencia municipal y de carácter esencial”.
En ese sentido, planteó que el municipio debería contar con una herramienta propia para intervenir ante reclamos por cortes, aumentos de tarifas o presuntas irregularidades en las facturas.
“Pretendemos con este proyecto constituir un sistema objetivo de constatación que cuando un barrio sufra cortes o elevación injustificada de tarifas exista un organismo municipal que reciba esa denuncia, que audite, que elabore mapas de calor y exija respuestas al prestador”, señaló.
La iniciativa propone que el organismo funcione con recursos municipales existentes y una mesa de seguimiento ad honorem integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, concejales del oficialismo y la oposición y la Defensoría del Pueblo.
La concejal también cuestionó el funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), al señalar que se financia mediante un porcentaje de las facturas y plantear si ese esquema garantiza una defensa efectiva de los usuarios. Asimismo, recordó que en 1995 se sancionó una ley para crear un ente regulador de la energía provincial, pero afirmó que nunca llegó a ponerse en funcionamiento.
Además, Gómez de Oliveira repasó los distintos pedidos que realizó ante los reclamos de vecinos y, mientras exhibía un bloque de hojas con las gestiones, remarcó que la mayoría recibió respuesta.
Luego, tomó una de las notas y leyó ante el recinto la respuesta que recibió del Eprac, como muestra de las gestiones realizadas desde su banca. “Si yo, como una simple concejal con la escasa estructura que tengo, puedo obtener una respuesta así, cuánto más puede hacer el Ejecutivo municipal”, lanzó.
Reclamos vecinales
Como antecedente reciente, Gómez de Oliveira mencionó los reclamos de vecinos de Itaembé Guazú por facturas de servicios que consideraron excesivas. El conflicto por el agua ya había derivado en presentaciones administrativas y judiciales: en abril, la Justicia ordenó a Samsa suspender los cortes y habilitar el pago mínimo para un grupo de usuarios del barrio, mientras se analizaban presuntas irregularidades en las mediciones y la facturación.
La problemática volvió a instalarse durante los últimos meses con reclamos de vecinos de distintos sectores de Posadas por incrementos en las boletas de agua. En marzo, usuarios de Itaembé Guazú denunciaron facturas que, según los casos expuestos, llegaban a $140.000 y hasta $1.000.000.
En paralelo, en los últimos días también surgieron reclamos por las facturas de energía eléctrica. Vecinos de Itaembé Guazú, particularmente de la zona del ex Hipódromo, comenzaron a organizarse por boletas que, según denunciaron, registraron aumentos de entre 100% y 200% respecto del período anterior. Los usuarios plantearon dudas sobre los consumos registrados, los períodos facturados y las fechas de medición, y llevaron el reclamo ante la Defensoría del Pueblo.
Sistema para reclamos colectivos
Gómez de Oliveira sostuvo que su propuesta busca evitar que los usuarios deban afrontar individualmente sus reclamos ante las empresas. Explicó que el ente tendría facultades para iniciar actuaciones colectivas cuando una falla se presente de manera sistemática y generar información sobre los problemas registrados en los distintos barrios.
“Ya no va a haber un vecino solo contra la empresa prestataria o buscando un concejal que lo quiera ayudar, será el municipio de Posadas sistematizando la prueba, acompañando al usuario y exigiendo formalmente intervención de las autoridades regulatorias provinciales”, afirmó.
Finalmente, la concejal pidió que el proyecto sea debatido por en la comisión correspondiente y planteó que el eventual ente municipal constituya “una herramienta más de control a los servicios públicos”.
