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La detención de dos suboficiales que cumplían funciones en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú destapó un esquema de corrupción policial que incluía apremios y extorsión para algunos detenidos, como así también beneficios a cambio de dinero para otros internos.
La medida alcanzó al sargento Rafael A. y al agente Rodrigo A., quienes además de ser apartados de la institución policial también enfrentarán una causa penal bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia presidida por el magistrado Martín Brites.
La propia fuerza provincial informó que las detenciones se concretaron este miércoles a la mañana, partir de una investigación que se inició tras la denuncia de un detenido que expuso una serie de irregularidades que marcaban el funcionamiento del sector que tiene capacidad para alojar a unas 50 personas.
Complicidades
En ese marco, fuentes consultadas por La Voz de Misiones permitieron reconstruir que el esquema de corrupción que imperaba en esa área funcionaba hace varios meses gracias a una red de complicidades tendida entre los uniformados detenidos y al menos cuatro de los internos de mayor antigüedad.
Según detallaron, estos internos se encargaban de golpear a los detenidos “recién llegados” para luego amenazarlos y exigirle el pago de un determino monto de dinero a cambio de seguridad.
Ese pago era cubierto por los familiares de los agredidos y quienes oficiaban de “cobradores” no eran otros que los uniformados ahora detenidos, quienes permitían los hechos de violencia y se quedaban con una porción del dinero.
En esa red de complicidades, en tanto, también había un grupo de detenidos de “mayor jerarquía” que gozaban de ciertos beneficios como uso de celulares, ingreso de elementos prohibidos y hasta un régimen de visitas diferentes al resto de la población. Para todo ello también había dinero de por medio para los agentes involucrados.
En la investigación trazada se identificaron al menos ocho involucrados: los dos policías, cuatro detenidos que se encargaban de golpear a los recién llegados y otros dos detenidos que pagaban para beneficios especiales.
Además de las detenciones ordenadas, el juzgado que dirige Brites también dispuso una serie de allanamientos e incautaciones, principalmente teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias en busca de más pistas que permitan reconstruir de qué manera funcionaba el esquema.
Apartados
En paralelo a la causa penal, desde la Jefatura de Policía también se abrió una investigación internada que quedó a cargo de la Dirección Asuntos Internos y se avanzó en el apartamiento de la institución de ambos involucrados.
“La intervención reafirma el criterio establecido por la Jefatura de Policía de investigar con el mismo rigor cualquier irregularidad, incluso cuando pueda involucrar a integrantes de la propia institución, fortaleciendo los mecanismos de control interno y la política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.
En el mismo parte indicaron que los hechos investigados “podrían encuadrarse en los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento”.
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