El ministro de Acción Cooperativa de Misiones presentó documentación ante la Cámara de Diputados y sostuvo que los cuestionamientos están vinculados con observaciones administrativas de años anteriores. También atribuyó la denuncia a una interpretación errónea y a una posible intencionalidad política.

En una entrevista con Radio República, el ministro de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones, Matías Vilchez, rechazó la denuncia impulsada por el diputado Amarilla y afirmó que carece de fundamentos. Según sostuvo, no hubo daño al erario público y la documentación correspondiente a los ejercicios cuestionados se encuentra presentada y regularizada.

Vilchez explicó que llevó personalmente la documentación para ponerla a disposición de los legisladores. Señaló que intentó entregársela al diputado Amarilla, pero al no encontrarlo dejó los papeles en la mesa de entrada. Además, indicó que la diputada Ana Sur Centeno recibió la presentación para su tratamiento en comisión.

El ministro aseguró que tanto Amarilla como el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, cuentan con la documentación y remarcó que no existe información que se pretenda ocultar.

Explicaciones sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Durante la entrevista, Vilchez cuestionó la interpretación de la denuncia y sostuvo que refleja un desconocimiento del procedimiento administrativo del Tribunal de Cuentas de Misiones.

En ese sentido, explicó que el organismo realiza auditorías periódicas, formula observaciones o reparos y luego evalúa las respuestas presentadas por las administraciones auditadas. Según detalló, se trata de un procedimiento habitual de control que permite aclarar y subsanar eventuales irregularidades administrativas.

“Puede haber un error administrativo, puede faltar una firma o un sello. Pero que eso sea considerado un delito es una aberración”, expresó.

El funcionario remarcó que los municipios de la provincia están sometidos a controles regulares y señaló que los intendentes deben responder ante el organismo de control cada tres o cuatro meses, aproximadamente.

También destacó el proceso de digitalización de la documentación impulsado por el Tribunal de Cuentas, al considerar que representa un avance para ordenar la información y facilitar las tareas de fiscalización.

El antecedente de 2023

Al referirse al episodio que, según explicó, estaría relacionado con los cuestionamientos, Vilchez mencionó una situación correspondiente a 2023.

De acuerdo con su versión, se trató de una contratación cuyo proveedor no pudo ser localizado posteriormente para que entregara la factura correspondiente. El ministro explicó que se había intentado contactar a esa persona sin éxito y sostuvo que ese antecedente es el que estaría vinculado con la resolución mencionada durante la polémica.

Vilchez negó que esa situación implique un perjuicio para las arcas públicas y afirmó que no existe otra cuestión detrás de los señalamientos. No obstante, sus declaraciones corresponden a su propia interpretación de los hechos y deberán contrastarse con la documentación y las actuaciones oficiales pertinentes.

Vilchez habló de una posible intencionalidad política

El ministro también consideró que la denuncia podría tener una motivación política. En ese marco, vinculó la situación con el escenario provincial y con la gestión del gobernador Hugo Passalacqua.

“Esto está usado políticamente, no hay otra manera de pensarlo”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Amarilla pudo haber sido mal asesorado o haber interpretado de manera incorrecta información difundida en redes sociales.

Además, pidió al legislador que revise su postura y, en caso de comprobar que hubo un error, lo reconozca públicamente. También reclamó que los cuestionamientos se formulen con fundamentos y que la información se analice antes de ser replicada.

“La gente me tiene que juzgar”

En el tramo final de la entrevista, Vilchez defendió el trabajo de los intendentes misioneros y aseguró que las administraciones municipales están sujetas a controles permanentes. En particular, destacó la gestión realizada en San Javier y afirmó que se trabajó para transformar la ciudad.

El funcionario sostuvo que detrás de la administración existe un equipo técnico, contable y jurídico encargado de atender las cuestiones administrativas y respaldar las actuaciones.

“Yo trabajo para la gente y la gente me tiene que juzgar”, expresó.

Finalmente, insistió en que no hay nada que ocultar y planteó que, si existiera alguna irregularidad pendiente de subsanación o un daño al erario público, debería ser acreditado con documentación concreta.

Por el momento, las afirmaciones del ministro constituyen su respuesta a los cuestionamientos. La determinación sobre el alcance de las observaciones administrativas y la existencia o no de responsabilidades dependerá de las actuaciones y conclusiones de los organismos competentes.